Ecologistas en Acción.- La adjudicación definitiva a Aqualia (FCC) del 52 % de las acciones de la Empresa Municipal Aguas de Alcázar sólo puede interpretarse como un desafío a la población que mayoritariamente defiende la titularidad y gestión pública de su ciclo hidráulico. Por no hablar de un presunto fraude de ley y un desprecio clamoroso a las normas democráticas.
La Comisión Europea acaba de rechazar una directiva encaminada a la privatización del agua gracias a la primera iniciativa ciudadana europea que ha recogido casi dos millones de firmas para implementar el derecho humano al agua y al saneamiento en la legislación comunitaria. Un derecho humano reconocido en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Degradar un bien ambiental, social y comunal (como el agua) en negocio lleva aparejado un empeoramiento de la calidad del servicio, el encarecimiento del sistema tarifario, el incumplimiento de los compromisos ambientales, la falta de transparencia y la pérdida de control ciudadano de lo que un día llegó a ser un servicio público. Sin ir más lejos, Aqualia ha sido acusada de subidas abusivas e ilegales en el recibo del agua y de conductas ambientalmente reprobables, como el vertido de aguas residuales insuficientemente depuradas en municipios de la Bahía de Cádiz.
La gestión de las aguas de Alcázar debe seguir siendo por entero pública. Lo que no excluye la necesidad de exigir ejemplaridad, transparencia, buen gobierno, control democrático, eficiencia, buenas prácticas ambientales y una mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones. No menos importante es la creación de órganos ciudadanos consultivos en la gestión de las aguas urbanas y del resto de recursos hídricos, tal como establece la Directiva Marco del Agua.
No hay que exonerar de responsabilidad a los gobiernos del PSOE del abultado endeudamiento de la Empresa Municipal Aguas de Alcázar. El amiguismo y clientelismo político, o la subcontratación de obras y servicios de forma presuntamente irregular a empresas y particulares próximos al ex alcalde Sánchez Bódalo, pueden explicar la endeble situación económica de la entidad gestora.
Ecologistas en Acción pide la derogación o suspensión del acuerdo del pleno municipal de adjudicación de la gestión de Aguas de Alcázar a Aqualia, el reconocimiento de la Plataforma contra la Privatización del Agua como interlocutora legítima de la ciudadanía, la celebración de un referéndum vinculante (con todas las garantías democráticas para que la población decida) y la celebración de una auditoría pública sobre el estado de las cuentas y la gestión de Aguas de Alcázar en anteriores legislaturas.
Expresamos nuestra solidaridad con los jóvenes imputados por un delito de altercados públicos en un incidente – que no fue a más – ocurrido el 19 de febrero en el parking subterráneo de la Plaza de España, cuando salía el alcalde con su coche, pidiendo en consecuencia la retirada de los cargos. Al igual que condenamos enérgicamente las cargas policiales a los allí concentrados, con el resultado de varios heridos y tres detenidos.
