Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Alcázar de San Juan afirma en un comunicado que «la desastrosa gestión de la empresa municipal de las aguas de nuestra localidad por parte del PSOE ha situado a Alcázar en una situación ruinosa con un enorme endeudamiento público, dejando en bandeja de plata a las fatales pretensiones de PP-CxA».
El delegado local, Ángel Luis Villar, sostiene que “ahora todos los alcazareños tendrán que afrontar bien vía impuestos, o bien vía externalización o venta al sector privado la gestión del servicio público de suministro de agua». «Lo que sabemos certeramente es que pagaremos todos nosotros, los ciudadanos, esta grave gestión».
UPyD defiende «la titularidad pública de todo servicio que tenga carácter esencial para la comunidad, como es el caso del agua, pero a diferencia del PSOE el objetico de UPyD es gestionar dicho servicio público con transparencia y con eficiencia, de modo que no se convierta en una carga económica para la ciudadanía, ni tampoco en un coladero de turbios intereses clientelares para el grupo político en el poder».
«Asimismo, y a diferencia del PP y su socio llamados Ciudadanos por Alcázar, nosotros apoyamos la celebración de un Referéndum que permita solventar y zanjar esta cuestión de modo definitivo y pacífico. Entendemos que es la mejor solución a este conflicto porque otorga la última palabra y capacidad de decisión a la ciudadanía de Alcázar», señala.
«Para el PP el principio de autoridad siempre ha estado por encima de sus legítimos titulares y dueños, que no son otros que los ciudadanos, de quienes emana toda legitimidad, toda representación y todo poder. Por desgracia, el PP aún se muestra heredero de la visión autocrática y autoritaria propia de sus orígenes franquistas, y continúa considerando al pueblo como sujetos del poder, es decir como súbditos. Por eso no quiere ni oír hablar de consultas populares, ya que la función característica de los súbditos es asentir y obedecer sin rechistar a la autoridad», sostiene UPyD.
UPyD entiende que «los ciudadanos valen todos por igual, y no importan sus orígenes, ni sus apellidos, ni sus estirpes; en situaciones de especial relevancia, en las que la ciudadanía reclama el protagonismo para decidir el destino de un bien público de enorme trascendencia para el municipio como es el agua, el poder político debe obedecer a la ciudadanía en su solicitud de celebrar una consulta popular sobre este asunto».
