La Consejería de Fomento ha impulsado la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento, a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), para la recuperación, mejora y actualización geométrica de las líneas límite jurisdiccionales de los términos municipales de las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha.
Además, se iniciarán entre el Gobierno regional y el Ministerio de Fomento actuaciones conjuntas para que estos trabajos de recuperación, mejora geométrica y aseguramiento de la calidad de las líneas límite jurisdiccionales entre municipios de Castilla-La Mancha obtengan su posterior refrendo jurídico para su inscripción en el Registro Central de Cartografía.
Se trata de una iniciativa que persigue reflejar con mayor precisión la realidad física del territorio, gracias a la instrumentación y metodología actuales, y que se realiza en consonancia con el proceso de actualización geométrica de líneas límite que están desarrollando otras comunidades autónomas como Madrid, Cantabria, País Vasco, Cataluña y Andalucía.
Con el objetivo de llevar a cabo en las mejores condiciones posibles el desarrollo de esta actividad y obtener los mejores resultados, el Plan Cartográfico de Castilla-La Mancha ha definido un grupo de trabajo formado por representantes de las siguientes instituciones: Centro Cartográfico, Dirección General de Administración Local, Instituto Geográfico Nacional, Federación de Municipios y Provincias, y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía de Castilla-La Mancha.
Representación rigurosa, seguridad jurídica
Para el Gobierno de Castilla-La Mancha es una prioridad obtener geometrías precisas de las líneas jurisdiccionales, refrendadas jurídicamente por el acuerdo de los ayuntamientos, porque permite dilucidar con rigor técnico la mayor parte de las cuestiones que interesan hoy en día a las Administraciones Públicas, a las empresas o a los propios ciudadanos.
Asimismo, contar con un conocimiento exacto de los límites municipales otorgará una mayor seguridad jurídica en el desarrollo de cualquier actividad pública o privada que tenga lugar en el entorno de las fronteras entre los municipios.
