Jorge Fernández Morales. Secretario Organización Izquierda Unida.- En los últimos años hemos visto como inundaba Castilla-La Mancha una ola de represión sin precedentes. Desde que los movimientos de contestación ciudadana recuperaran vigor al calor de las protestas del 15-m, son cientos de sanciones, juicios de faltas e incluso peticiones de cárcel las que han debido enfrentar quienes conforman la oposición política y social al régimen.
Desde que nos oponemos a las políticas de austeridad y el neoliberalismo impulsadas primero por el PSOE, que modifico la Constitución dando paso a una gran ola de recortes, y después por Mariano Rajoy, no ha cesado de caer sobre nuestras espaldas una lluvia de burorepresión. Durante todo este tiempo, quienes nos hemos opuesto a estas políticas hemos estado sufriendo el hostigamiento de la policía y del delegado de gobierno de Castilla-La Mancha. Hemos visto como éramos multados y llevados a juicio por repartir octavillas, por protestar pacíficamente, por impedir desahucios, por manifestarnos, por usar megáfonos, por pegar carteles, por protestar contra María Dolores de Cospedal, por participar en huelgas.
La estrategia del miedo se ha instalado en los despachos del ministerio de interior y las oficinas de la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha. Venimos advirtiendo desde hace tiempo que la situación en materia de libertades políticas y derechos humanos se deteriora rápidamente en España y en concreto en nuestra comunidad autónoma, donde las sanciones administrativas relacionadas con protestas políticas superan en esta legislatura todos los records históricos, hasta el punto de que en apenas dos años se ha multado a más gente por razones políticas que en el resto de años de democracia. Estos hechos no le son desconocidos a nadie. Cospedal Te Odia, las 11 del helicóptero, #opoctavilla, stoprepresión… son solo algunos de las campañas que hemos desarrollado desde numerosos colectivos para denunciar esta realidad.
Sin embargo, hasta ahora no habíamos recibido ningún apoyo por parte del ala centro del PPSOE. El partido socialista no se había dignado en interesarse por el tema. Al fin y al cabo muchos de estos atropellos se iniciaron en la época en la que todavía eran los responsables del gobierno regional y estatal. Tal vez por eso, hasta el momento, se sentían más identificados con las tácticas del Partido Popular que con las víctimas de la vulneración de libertades constitucionales.
¿Y qué ha cambiado para que el PSOE modifique su postura y se dé cuenta de que la delegación de gobierno está extralimitándose en sus funciones, utilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con fines políticos? ¿Un inesperado giro a la izquierda tras su conferencia política federal? Para nada. Todo tiene una explicación mucho más simple. Ayer los sancionados no era gente corriente, esta vez eran el vicepresidente de la diputación provincial José Fernando Sánchez Bódalo y una concejala socialista, Rosa Melchor. El PSOE vio la luz, y descubrió que es injusto que la gente sea multada por participar en la protesta. No habían sido suficientes las decenas de ciudadanos perseguidos hasta la fecha, pero han bastado multas a dos militantes destacados del PSOE para que este partido se percatara de que algo raro pasa en la delegación del gobierno.
Yo me congratulo que Isabel Rodríguez, diputada del PSOE por Ciudad Real, al fin vaya a interrogar al gobierno sobre la especial situación de los derechos políticos en Castilla-La Mancha. Pero no puedo olvidar que mientras yo mismo y muchos otros compañeros y compañeras hemos sido sancionados, juzgados o perseguidos, ni Rodríguez ni su partido manifestaron públicamente la menor muestra de solidaridad o rechazo hacia la vulneración de nuestros derechos, alienándose por completo al régimen. En mi caso concreto, Cospedal Te Odia, y en prácticamente la totalidad de los casos que se han sucedido en esta región, mantuvieron un silencio cómplice, nos trataron como si no existiéramos. Nos ignoraron conscientemente.
A diferencia de ellos reclamo el inmediato archivo de todas las sanciones que han recaído sobre las personas que protestaron en Alcázar de San Juan contra la privatización del agua, incluidas las militantes socialistas (evidentemente sólo puedo referirme a las sanciones relacionadas por la protesta, no otras imputaciones que dejan a Bódalo en una situación menos honorable). El ejercicio de los derechos fundamentales no puede ser perseguido por instituciones democráticas. Sin embargo, pese a ello, también sé que no puedo esperar la solidaridad del Partido Socialista, pues este no estuvo en el pasado con los sancionados, ni estará en el futuro una vez pase este episodio coyuntural, pues a quien defiende es a Bódalo, no a la gente. El PSOE forma parte de otro bloque social, instalado por completo en las cavernas del régimen, y cada paso que damos con más firmeza hacia la emancipación popular, resulta más evidente que el PSOE no nos acompaña.
