Una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que ha sido notificada la semana pasada, viene a respaldar las críticas y denuncias que el sindicato CSI·F ha realizado en varias ocasiones sobre el uso y los abusos que se han producido en algunas dependencias administrativas de Ciudad Real con los colaboradores sociales, «siendo llamativo el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad Real, donde estos colaboradores sociales son el 30% de la plantilla total entre funcionarios y laborales», informa el sindicato en una nota.
La sentencia del Supremo aclara que las tareas normales y permanentes de la Administración Pública no tienen carácter temporal y no pueden cubrirse temporalmente a través de la figura del “colaborador social”.
CSI·F, como sindicato más representativo de las administraciones públicas, se reafirma en que «no se puede abusar de las paupérrimas condiciones de estos contratos para sacar adelante el trabajo cotidiano y exclusivo de Empleados Públicos de la Administración Central del Estado».
CSI·F aclara que «estas y otras figuras de contratación ponen de manifiesto la imperiosa necesidad de las administraciones para acabar con la consabida tasa de reposición cero, volviendo a convocar Ofertas de Empleo Público y promociones profesionales que solucionen el despido masivo de empleados públicos a la que ha sido sometida la Función Pública».
Uso pernicioso
«La utilización perniciosa del trabajador como colaborador social conlleva la eliminación de promoción interna en la Administración y el perjuicio del contratado, que ve como ni siquiera la permanencia en el puesto le sirve para acreditar méritos en un futuro concurso u oposición al que opte el interesado», señala.
Por último, CSI·F insiste en su rechazo «a la utilización de figuras laborales atípicas y precarias –ahora demostradas ilegales en muchos casos- que perjudican sobremanera a los propios empleados públicos y reducen la calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos».
