El pasado viernes, los conductores del parque móvil de servicios generales negociaron el plan de recursos humanos con el Gobierno regional. Finalmente, no se alcanzó un acuerdo y los trabajadores comenzaron un encierro indefinido que, desde el lunes, se extendió a todos los centros de la región. En Ciudad Real, en torno a ocho conductores pernoctan por turnos en el edificio de Servicios Múltiples de la Junta de Comunidades de la calle Alarcos. 
Jesús Gascón, delegado de personal de Comisiones Obreras, explica que los conductores mantuvieron el pasado viernes una reunión con representantes de la Consejería de Hacienda para negociar el plan de recursos humanos planteado por la Administración, que contempla reducir la plantilla a la mitad. «En el transcurso de la mesa técnica no se acercaron posturas, desde el gobierno regional solo entraban a debatir el número de personas que se quedan o que salen, mientras que los trabajadores proponíamos abordar por completo el plan de recursos humanos. Dijeron tener las manos atadas y no quisieron entrar en el caso de los conductores asesores que estamos denunciando, porque hay conductores nombrados a dedo que llevan a los políticos, que son asesores pero que hacen otra labor».
Entonces, según el delegado de personal, solicitaron reunirse «con las personas que pudieran tomar decisiones, con alguno de los consejeros, o bien el de Hacienda, que es nuestro consejero, o bien el de Presidencia y Administraciones Públicas. Durante el fin de semana nadie se puso en contacto con nosotros y nos quedamos en la sala de juntas, comenzando así el encierro».
«Los compañeros reclamaban que ellos también querían participar por lo que extendimos el encierro a los cinco centros provinciales del parque móvil», continúa Jesús Gascón. «En cada una de las capitales estamos conductores encerrados todas las noches. Es un encierro indefinido, desde el lunes, en el que nos vamos turnando». Los que participen el viernes, recuerda, se quedarán allí todo el fin de semana.
«Queremos hablar, queremos negociar y no queremos que quiten a los conductores porque creemos que somos necesarios», asegura. «La Administración no reduce los servicios, lo que hace es disminuir los conductores y externalizar el servicio. Lo que está haciendo es, básicamente, privatizar el servicio y a los conductores recolocarlos», señala el representante de CCOO. «El argumento es infantil, como a los conductores nos van a trasladar de la Consejería de Hacienda a otras como Educación, Agricultura o Fomento, aunque no sabemos en qué categorías, y Hacienda no paga las nóminas, dicen que obtendrán un ahorro de dos millones de euros. No pueden plantear eso, si al final la Junta de Comunidades es un conjunto», afirma Jesús Gascón.
«Además, dicen que van a externalizar el servicio y calculan que tendrá un coste de algo más de 200.000 euros. Es claramente una privatización del servicio. Nosotros no somos los conductores de los políticos, somos los que llevamos la paquetería oficial, los que llevamos a los técnicos y a los inspectores. El trabajo habitual de la administración de mover personas y documentos. Los políticos tienen sus conductores pero a esos no los tocan», concluye.
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