Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Alcázar de San Juan ha entregado en el Ayuntamiento una propuesta para seleccionar «con total transparencia» a los posibles candidatos de un empleo público. La formación magenta sostiene que “sólo se puede solventar dicho problema, no solo con un riguroso respeto a la legalidad, sino también la promulgación de una batería de normas a nivel estatal, autonómico y local que garanticen el cumplimiento del Principio de Transparencia en las Administraciones Públicas, exigencia incuestionable para alcanzar los niveles de calidad democrática que actualmente demanda los ciudadanos».
El delegado local, Ángel Luis Villar, comenta que “no debemos conformarnos solo con el control de la clase política, sino que también es necesaria una profunda regeneración democrática en el empleo público».
“Por desgracia», prosigue, «los partidos mayoritarios como el PSOE y PP, y algunos minoritarios extrañamente con poder como CxA, han convertido el sector público local en sus agencias particulares de colocación, donde dan cobijo a familiares, amigos y compañeros de bandera, manipulando la legalidad o bien violándola directamente, ya que los controles de los procesos selectivos en las convocatorias de empleo público están siempre a su merced».
Por ello, UPyD pretende «desterrar la vergonzosa y dañina lacra del enchufismo, y hacer real y efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en el acceso a un puesto de trabajo en el sector público».
«Para luchar contra esta conducta inmoral, antisocial e ilegal que tanto han fomentado los partidos mayoritarios al objeto de ampliar sus bolsas de clientelismo político, aspiramos a implantar una serie de controles en los procesos selectivos», señala la formación. Entre ellos destacan:
• Los componentes del tribunal evaluador no podrán ser cargos políticos ni sindicales, sino profesionales cualificados y especialistas en las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo ofertado.
• Implantación del principio de responsabilidad horizontal entre administraciones públicas, que permite que en los procesos selectivos esté presente un funcionario con potestades de supervisión y evaluación de la legalidad y transparencia de los mismos, que procederá de otra administración pública, totalmente independiente de la convocante.
Asimismo también plantea las necesarias reformas en la normativa laboral y civil para que, además de la expulsión y pérdida del puesto de trabajo para quienes han propiciado y/o se han beneficiado del “enchufe”, respondan ante los tribunales por daños y perjuicios incluidos el daño moral causado a la persona perjudicada por dicha práctica ilícita.
UPyD concluye diciendo que “el primer peldaño hacia una auténtica regeneración democrática pasa inevitablemente por el respeto a la legalidad y al juego limpio en el acceso al empleo público, de modo que lo que determine el éxito del aspirante al mismo sea el mérito y la capacidad, y no los apellidos y las relaciones familiares que tanto aprecian en otros partidos políticos».
