Daimiel Noticias.- El Ayuntamiento inicia el expediente de resolución del contrato de la piscina cubierta con la empresa encargada hasta ahora de la gestión y explotación de la Piscina Cubierta. El trámite se hace de conformidad entre ambas partes y lleva aparejado el lanzamiento de un nuevo pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para una nueva adjudicación por un periodo de diez años y procedimiento abierto. La decisión se aprobó con los votos populares y la abstención de los grupos de la oposición.
El concejal de Promoción Económica, José David Gómez-Cambronero, justificó la decisión en las pérdidas obtenidas hasta ahora por la empresa adjudicataria quien se hizo cargo del servicio en 2005 atendiendo a las perspectivas de mercado basadas en el incremento poblacional que se marcó desde el POM (Plan de Ordenación Municipal) en aquellas fechas que no se ajustaban a realidad. El edil valoró el departamento que, aunque “deficitario”, defendió, “no queremos que se deteriore” para que “no repercuta en problemas de personal y con proveedores”. El objetivo es que sea una empresa experta en este ámbito deportivo quien asuma la actividad. En caso de no concurrir alguna, EMUMASA se haría cargo del servicio recogiendo a los trabajadores conservándoles su antigüedad.
Desde Izquierda Unida se enjuició la veracidad de los datos en la fiscalización de las cuentas. Ante esta situación y teniendo en cuenta el nivel de pérdidas de la empresa y las ayudas que requieren, su portavoz, Juan Julián Rodríguez de la Rubia, abogó por revertir la situación y que fuera el propio Consistorio quien aceptara su gestión, motivo en el cual basó la abstención de su grupo. El Grupo Socialista destacó el impacto “social” de cara a los ciudadanos de la piscina Climatizada al tiempo que pidió explicaciones sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo y la subrogación de sus condiciones y el mantenimiento del carácter público aunque se gestione a través de una empresa. La portavoz Cristina Maestre expresó su “desconfianza” en las garantías y seguridad jurídica para los trabajadores.
El concejal Gómez-Cambronero aclaró ante la accesibilidad al servicio expuesta desde IU que los precios están regulados mediante las tasas municipales aprobadas en noviembre. Igualmente manifestó que el único cambio es el paso de un gasto medio de 60 mil euros por otro de 100 mil euros anuales. Dejó expreso que “una empresa especializada es lo mejor que puede pasar, bajo la supervisión municipal de las condiciones. Esta rescisión no se hace por motivos técnicos sólo son problemas económicos”. Del mismo modo, advirtió, “la relación de la catalogación de los trabajadores queda recogida en el anexo del pliego”. En este sentido fue el alcalde quien quiso dejar constancia de que la instalación goza de muy buena valoración ciudadana y que la pretensión municipal es mantener la calidad del servicio y garantizar los puestos de trabajo.
La unanimidad llegó en la moción presentada por Izquierda Unida para la realización de una Feria de Muestras enfocada al turismo y medio ambiente cuyo objetivo, argumentó De la Rubia, es dinamizar la economía y encontrar yacimientos de empleo aunando a todo el tejido empresarial, institucional, profesionales y sociedad civil, aprovechando que Daimiel cuenta con un Parque Nacional, una Motilla y un esplendor medio ambiental que puede canalizarse hacia el interior de la ciudad. Desde las filas socialistas se vio con buenos ojos esta iniciativa que “engrandecerá la ciudad”, como comentó el concejal Rafael Díaz del Campo, quien destacó su repercusión turística como “fuente de ingresos”. Un voto favorable al que también se sumó el grupo municipal del PP. El responsable de promoción Económica subrayó que se había contemplado introducir elementos de este tipo en la próxima Feria del Stock, sin embargo, dijo, se ha pensado en dejarla para un trabajo conjunto de los tres grupos políticos representados en el Pleno para que, apoyados en el Consejo de Turismo y asociaciones como AEDA, recoger sugerencias que permitan un trabajo “constructivo”.
José David Gómez-Cambronero hubiese deseado “más concreciones en la forma de llevar a término la Feria como precios, superficie y financiación, entre otros”. Hilvanó la Feria con un turismo que, avanzó, en breve dispondrá de su propia web municipal y donde el Ayuntamiento también ha actuado elaborando otra relativa a la Motilla del Azuer, cuya marca, también pertenece a la administración local. El objetivo, fundamentó el alcalde, Leopoldo Sierra, es introducir a los visitantes al municipio y aprovechar para que se impregnen de las bondades de la ciudad.
Las dos mociones restantes quedaron desestimadas con los votos en contra del grupo municipal Popular. En la primera, Izquierda Unida planteó firmar un compromiso público por parte de los tres grupos políticos de la defensa a ultranza del presente y futuro de los centros de salud y manifestar públicamente la intención de dimitir en el caso de no utilizar todos los recursos disponibles por el consistorio para evitar el desmantelamiento de los centros de salud en la localidad, como explicó el portavoz de la coalición rojiverde Galo Sánchez-Bermejo. La concejal socialista Pilar Estudillo, quien destacó las características de los cetros de salud y sus profesionales y confió en que “todo siga como hasta ahora”, catalogó de “ilógico” el compromiso de dimisión ante un supuesto cierre. “Estamos para trabajar por los ciudadanos y movilizarnos como sea si ocurre”, precisó.
La portavoz popular María Dolores Martín de Almagro afirmó que ante un “rumor” en el que además afecta a una prestación donde no existe una competencia municipal, el Ayuntamiento viene colaborando en todo lo posible. De hecho, explicó, se dispone de información contrastada a través del Gerente de Atención Integrada del Hospital de General de Ciudad Real, por la que queda confirmada la continuidad del CEDT (Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento). “No sólo no se está desmantelando sino que además desde el 1 de marzo se ha ampliado el horario en técnicos de rayos X”. Un rumor de desaparición de este servicio que se suma a la campaña de desacreditación que el equipo de Gobierno viene sufriendo en los últimos meses, aseguró Martín de Almagro, quien apostilló: “estamos para dar soluciones al devenir diario de Daimiel y nadie va a impedir hacer la labor encomendada por los daimieleños”. Sierra agregó sobre este asunto que “no hay ningún fundamento para crear temores”. “No se va a cerrar el CEDT ni van a desaparecer las especialidades”, concluyó.
El orden del día se cerró ante un repleto salón de Plenos con la moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la Ley de Dependencia donde se solicitaba paralizar las revisiones masivas de oficio a personas beneficiarias de la Ley de Dependencia, restituir las prestaciones y servicios, así como las valoraciones de Grado y Dependencia reconocidas inicialmente a todos aquellos casos a los que se les ha practicado revisiones de oficio de manera irregular, acatar las sentencias favorables a los derechos de los dependientes, renunciando a la prestación de recursos correspondientes y dotar al Sistema de Atención a la Dependencia de los recursos económicos suficientes para garantizar el cumplimiento del calendario de aplicación de la Ley.
La portavoz Maestre calificó de “injusto” e “irregular” un asunto que se retrata como una “indefensión de los más débiles”. La fórmula para llevar a cabo los recortes en personas “indefensas” son revisiones de ofició de carácter “masivo”, explicó. Insistió en que la práctica totalidad de los dependientes son enfermos crónicos y no entendía la aplicación de “incompatibilidades” entre recursos. “No son sólo siete casos gravísimos, ese es un botón de muestra con la infinidad de casos; más de dos mil consignados en la provincia”, aseveró. Por eso, insistió, en la Moción se pide que se paralicen todas las revisiones de oficio que “entendemos ilícitas” y de un gobierno “inhumano” y que se “restituyan las cosas tal y como estaban”, precisó Maestre.
En el debate, Izquierda Unida sostuvo que PSOE y PP son corresponsables de una Ley que tildó de “casita de papel” y cuyo origen ya fue “deficitario” en materia presupuestaria. Para Juan Julián Rodríguez de la Rubia, el PSOE no la consolidó y el PP la está vaciando de contenidos. Consideró que “no se puede tener visión economista y de negocio con las personas más vulnerables que necesitan de otros para llevar una vida lo más normalizada posible; el Estado tiene que proveerles de los recursos materiales y sociales necesarios para favorecer su integración en sociedad”. Apostó por su mantenimiento y dotación de recursos y pidió más “acción” al equipo de Gobierno.
Entre tanto, Cristina Maestre reprobó la postura de IU y explicó que el gobierno anterior no tenía pendiente ningún caso de Dependencia. Defendió que los cuidadores familiares estuviesen dados de alta al no poder acceder a un puesto de trabajo por tener esa responsabilidad. Igualmente argumentó que la Ley impide las revisiones y, por tanto, “no se pueden cambiar”. Así, informó, que el PSOE ha abierto un servicio de asesoramiento desde Ciudad Real para “ayudar a proceder con las tramitaciones”.
La concejal responsable de Servicios Sociales, María del Carmen Torija, analizó la Ley catalogando de “fachada” y “llena de deudas”. A su juicio no se hizo un cálculo que relacionase directamente el coste con el número de destinatarios beneficiados. Una “mala gestión” que se asentó en un presupuesto mínimo con destino a residencias y centros como los de Daimiel. Torija recriminó al PSOE que “abandere un sistema que dejaron hundido”. Por eso, apostó por la “transparencia” como mecanismo de funcionamiento hacia los dependientes. Para ello, objetó, “hay que hacer cambios necesarios en la valoración de grados, eliminando y unificando criterios, que, en unos casos oscilan a la baja, y en otros, a la alta”. Se han revisado casos donde se incumplía la ley por extinción del demandante. En cuanto a la revisión de hace un año, comentó, “sólo se buscaba llegar a todos los dependientes”. No en vano, aclaró, “están paralizadas desde mayo de 2013 y si hay alguna irregularidad quedará como estaba”. Torija confirmó que “acatamos todas las sentencias y sólo se persigue dotar de recursos la Ley de la Dependencia y seguir con los calendarios, además de mantener los servicios y centros como los de Daimiel pero –agregó- han sido más de 700 mil euros de deuda”.
El alcalde manifestó que “rectificar es de sabios” en reiteradas ocasiones y aclaró que ya en algunos casos se está procediendo a restituir las ayudas. Al mismo tiempo mostró su disposición a ayudar a todos los que pueda y aclarar aquellas valoraciones erróneas de forma conjunta con los servicios de coordinación respectivos atendiendo a términos de “justicia”, “colaboración” y “necesidad”.
El Pleno se cerró con cuatro ruegos y once preguntas relativas a ámbitos como medio ambiente y empleo. En este sentido, el alcalde defendió la conducta “intachable” tanto en la gestión como en el trato a los usuarios por parte de la concejala de Empleo.
