Izquierda Unida rechaza y critica la decisión de la JCCM de recolocar al menos a 75 conductores, y lo califica como otro «despropósito» del gobierno de Cospedal. Un gobierno que demuestra, una vez más, a juicio de esta formación, «su carácter autoritario y soberbio con los trabajadores públicos de nuestra región».
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha se solidariza con los siete trabajadores encerrados en la Consejería de Administraciones Públicas a la vez que anuncia su apoyo hacia aquellas acciones reivindicativas que los sindicatos decidan para preservar los derechos de los trabajadores afectados por «esta nueva demostración de totalitarismo y desprecio del Partido Popular».
IU CLM entiende que este es otro ejemplo de «uso interesado y miserable» por parte del PP de los recursos públicos de Castilla-La Mancha para transformar las administraciones públicas en sus “chiringuitos” donde el principal objetivo es «el interés personal y partidista en vez del general de los castellano-manchegos y castellano-manchegas».
Izquierda Unida teme que esta recolocación sea la primera fase de una futura contratación masiva “a dedo” de asesores/conductores que realizarían el trabajo que hasta ahora desempeñan los conductores de la Junta. Unos asesores/conductores que percibirían unas remuneraciones muy por encima de las que perciben los profesionales que hasta ahora vienen cumpliendo con su trabajo. En la actualidad ya hay nueve de estos asesores/conductores contratados “a dedo” por la Junta de Comunidades (PP), denuncia desde IU.
Por tanto, «otra prueba más de que cuando Dolores de Cospedal habla de ahorro y austeridad, se refiere en realidad a ataque y derribo de los derechos más básicos de los trabajadores y ciudadanos de Castilla-La Mancha. Unas declaraciones hipócritas e indignantes, a la vista de cómo convierte nuestra región, tanto Cospedal como el resto del Partido Popular, en su cortijo particular», afirman desde esta formación.
Por último, reprueban la actitud del Secretario General Técnico de Hacienda, Eliseo Gómez, hacia los representantes de los trabajadores (CCOO, UGT, STAS y CSIF) que, «en un alarde de prepotencia y superioridad, se ha negado a negociar el Plan de Recursos Humanos que los funcionarios consideran injusto y abusivo».
