CSI·F ha logrado la primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la paga extra de los funcionarios en 2012, que atañe directamente a la gestión del Gobierno Central. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al ministerio del Interior a devolver a un funcionario de prisiones, afiliado a CSI·F, la parte proporcional de la paga extra y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el Decreto de recortes del Gobierno.
La sentencia, según el sindicato, no deja lugar a dudas y censura “la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima”. Además, el juez no ve necesario llevar el asunto al Tribunal Constitucional, tal y como planteaba el abogado del Estado, algo que considera “superfluo, en términos lógicos como de economía procesal”.
Esta sentencia supone para el Gabinete Jurídico de CSI·F el «colofón» a la cadena de pronunciamientos judiciales habidos en toda España y tiene una gran relevancia desde el punto de vista jurídico ya que los criterios de la sentencia serían aplicables al conjunto de funcionarios de Interior, es decir, Policías, Guardias Civiles, Funcionarios de Prisiones y administrativos, entre otros. Y desde luego, al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado.
CSI-F, sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, considera que el Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga extra, por lo que ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para generalizar esta devolución al conjunto de los empleados públicos de España.
Situación discriminatoria
No tiene sentido que lo que reconocen los juzgados a título particular e incluso para el grueso de los trabajadores de una comunidad autónoma, no sea reconocido para el conjunto de los empleados públicos, puesto que todos parten de la misma situación.
El Ministerio de Hacienda debe devolver cuanto antes esta retribución porque de lo contrario se estará produciendo una situación discriminatoria. De hecho, el Gobierno de Canarias y las comunidades autónomas de Castilla y León, y Extremadura ya han anunciado oficialmente que devolverán la parte proporcional de la extra devengada.
El Gobierno nunca debió suprimir la paga extra y no debe perder más tiempo en sentarse a negociar con los sindicatos para determinar los cauces para su devolución, porque cada día que pasa crece el agravio hacia un colectivo injustamente maltratado desde el comienzo de la crisis.
