Las consecuencias dolorosas de la crisis y el hartazgo de la población ante los abusos y mentiras de la mafia financiera, empresarial y política no se van a resolver con una legislación de excepción, como la Ley Mordaza o la reforma del Código Penal del ministro Gallardón.
La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), también conocida como Ley Mordaza, Ley anti-15M o Ley del Miedo, sustituirá a la vigente Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Corcuera) de 1992 aprobada por el gobierno de Felipe González y que en su día motivó un justificado y amplio frente social de rechazo. La planeada ahora va todavía más lejos al proponer actuaciones más contundentes que alteran principios constitucionales, como el de libertad e igualdad, los derechos de la persona, el derecho de reunión, la protección judicial de los derechos, la participación de la juventud, la suspensión de derechos y libertades, o el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Está por ver, del mismo modo, su compatibilidad con la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.
El Ministerio de Interior procura castigar a las ciudadanas inventando faltas administrativas, neutralizando las leyes penales (al parecer por el escaso “celo” de los tribunales de justicia en el esclarecimiento de determinados hechos contrarios al ámbito de la seguridad ciudadana, la convivencia democrática y el normal funcionamiento de las instituciones). Si bien las manifestaciones, concentraciones y otros tipos de convocatorias ya disponen de una regulación más que suficiente en nuestro ordenamiento jurídico.
Al contrario de lo que reza en el preámbulo del borrador, la reforma ni es necesaria, ni es oportuna, ni es conveniente. Plantear sanciones astronómicas que pueden llegar a los 600.000 euros por ejercer derechos fundamentales no puede ser más que fruto de una interpretación en extremo paranoica de la ley y el orden.
La motivación real del anteproyecto es clara; criminalizar el descontento social, en especial a quienes con imaginación e insobornable voluntad hacen visible los estragos de las políticas neoliberales en la población y que al mismo tiempo promueven alternativas; el 15M y las plataformas de afectados contra los desahucios. Pero no sólo persiste este gobierno incompetente y autoritario en penalizar las protestas ciudadanas, sino que la propia difusión de actos podría constituir de facto en elemento probatorio para imputar a las organizadoras, promotoras o convocantes.
Ecologistas en Acción se solidariza con la PAH y el resto de plataformas por una vivienda digna y en contra de la usura de la banca que, con la complicidad de los gobiernos del PSOE y del PP, hicieron de la vivienda un negocio suculento (cuando lo que procede es hablar de un derecho humano básico e imprescriptible). A nadie se le escapa que los escraches están en el punto de mira de la reforma. Escraches que, por cierto, han sido reconocidos por la Audiencia Provincial de Madrid como “un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y de pluralismo” y defendidos por el ex presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner.
Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la población para salir a la calle contra la Ley Mordaza en la manifestación convocada por la PAH el domingo 16 de febrero en Ciudad Real, que partirá del Parque de Gasset, a las 11 de la mañana.
