“En una democracia normal, cuando a alguien se le acusa de pagar obras privadas con dinero público, las únicas salidas que tiene son dimitir, demostrar que la acusación es mentira o denunciar”. El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Puente, hacía estas declaraciones este viernes en relación a la última rueda de prensa del ex alcalde, José Fernando Sánchez Bódalo, sobre la deuda de Aguas de Alcázar.
En este sentido, Puente valoró que “por fin va reconociendo lo que hace tiempo negaba, que es la deuda de seis millones de euros que había a 31 de diciembre de 2010”. Una deuda que, insistió el portavoz municipal, responde a las obras que Aguas de Alcázar realizó a empresas privadas y de las que no se beneficiaron los vecinos. “Es un tema muy grave, pero ni dimite ni su secretaria general, Rosa Melchor, le cesa, por lo que todo el PSOE se hace también responsable y se convierte en cómplice del ex alcalde”.
Ángel Puente asegura que Bódalo ha vuelto a mentir una vez más a los vecinos al afirmar que la deuda de Aguas ha aumentado en tres millones de euros en los tres últimos años. “Miente a sabiendas porque tiene un certificado del interventor con la deuda actual y es la misma que había antes; en estos años no se ha aumentado la deuda”, subrayó.
En su comparecencia, Puente ha demostrado que las obras que originaron la millonaria deuda de Aguas no se refiere a obras para los vecinos, salvo las compensadas en el último Pleno municipal por valor de dos millones de euros. El resto, unos seis millones, son obras para empresas privadas. Algunas de ellas las dio a conocer con detalle el portavoz municipal.
Así, se ha localizado un proyecto de la empresa Acciona para la instalación de una línea subterránea en una parcela suya por valor de 676.465 euros. Pagó al Ayuntamiento 29.307,78 euros por el ICIO y las tasas administrativas, pero después la obra no la realizó la propia Acciona, sino Aguas de Alcázar por 510.000 euros. Bódalo explicaba que se hizo un convenio con la empresa para que ésta pagase 191.000 euros, pero no los ingresó nunca, como tampoco el resto de la cuantía de la obra hasta los 510.000 euros que Aguas pagó por una obra para una empresa privada en una parcela privada.
Otro ejemplo se refiere a la empresa Epenergy, que en 2006 presentó un proyecto de obras de canalización de agua potable, electricidad y telefonía. La obra la realizó Aguas de Alcázar sin que la empresa privada pagase los 150.800 euros que costó. Curiosamente, en años siguientes (2008 y 2009) aparecen dos cantidades diferentes en concepto de corrección presupuestaria por la que se dan de baja dos facturas que paga el Ayuntamiento. La de 2008 era de 111.000 euros, mientras que la de 2009 era de 39.800 euros. Sumadas ambas, dan los 150.800 euros que pagó Aguas por la obra de esta empresa de nulo interés público. Esto demuestra, a juicio de Puente, que la anterior Corporación Municipal llegó a falsear las cuentas públicas para que no se notara que determinadas obras se pagaban con dinero público. “Hubiera sido muy evidente el pago de una factura con la misma cuantía de la obra realizada, por lo que se dividió en dos cuantías distintas para evitar que se pudieran relacionar”, explicó el portavoz municipal basándose en datos de la auditoría que ha analizado las cuentas de Aguas de los últimos años.
Otra obra privada pagada con dinero público se refiere a la urbanización de la plaza que se sitúa delante del Convento de Santa Clara. Se trata de un espacio abierto que puede usarse para actividades públicas, pero el aparcamiento subterráneo que hay debajo es del hotel. Por este motivo, se estableció un convenio para que Ayuntamiento y empresa hotelera pagasen las obras al 50 por ciento. El coste de las obras, realizadas por Aguas de Alcázar, fue de 260.000 euros, por lo que cada una de las partes debía aportar 130.000. El Ayuntamiento puso su parte, pero la empresa no. Puente explicó que la forma normal de proceder en estos casos es que el Ayuntamiento pague la totalidad de las obras y después reclame a la empresa la mitad. Sin embargo, el Ayuntamiento, tras poner su parte, no reclamó la suya a la empresa. El perjuicio económico recayó directamente sobre Aguas de Alcázar, que fue la que llevó a cabo las obras.
Un caso muy llamativo es el referido a un préstamo solicitado por Aguas de Alcázar en abril de 2005. La cuantía del préstamo era de 1.080.000 euros que serían destinados, como entonces explicó al Consejo de Administración el gerente de Aguas, Benito Montiel, a las redes de saneamiento y agua de varias urbanizaciones de la zona sur de Alcázar, con idea de, una vez realizadas las obras, exigir a los diversos agentes urbanizadores, las empresas constructoras, el pago de esos trabajos de forma proporcional a la superficie de cada urbanización. Pues bien, finalmente el préstamo se dedicó a otras cosas, fue la Confederación Hidrográfica del Guadiana la encargada de las obras, cuyo coste reclama al Ayuntamiento, y los agentes urbanizadores no han pagado absolutamente nada por estos trabajos que, como matizó Puente, fueron para unas urbanizaciones construidas por empresas privadas.
Puente comparó esta forma de proceder con otra en la que un grupo de vecinos de Alcázar se unieron para el desarrollo urbanístico del sector E 2.2. A estos vecinos sí que se les reclamó el pago de los 89.076 euros que costaron las obras de canalizaciones. “A los vecinos sí se les cobraba, pero a los empresarios amigos, no”, señaló el portavoz municipal.
Son sólo algunos ejemplos del “despilfarro del PSOE”, que “pagaba obras a los amiguetes”. “Ante esto, Bódalo tendría que dimitir si tuviera vergüenza”, afirmó Puente, quien recordó que todos estos casos están ya en manos de los tribunales, ante los que se presentó una querella penal contra los antiguos responsables de Aguas de Alcázar, que “tenían un chiringuito y un cortijo montado en el Ayuntamiento, pero Bódalo sigue intentando convencer a los vecinos de que todo eso era normal”.
Por último, indicó que en los próximos días se darán a conocer a los vecinos varios casos de venta de parcelas propiedad de Aguas de Alcázar que existían tanto en la localidad como en Ciudad Real capital. Unas ventas que Aguas no podía realizar porque no es ése su objeto social. Asimismo, se darán detalles de un caso de venta de siete kilómetros de canalizaciones a Gas Natural sólo tres meses antes de las elecciones municipales de 2011 y sin los informes jurídicos y técnicos preceptivos. “Si a la plataforma del agua le interesa tanto salvaguardar el patrimonio de Aguas, debería preguntar al PSOE por esa venta de parcelas”, concluyó Puente.
