Daimiel Noticias.- Se lleva así a efecto el acuerdo adoptado en el Pleno de febrero. El alcalde, Leopoldo Sierra, renuncia a sus trienios de «motu proprio». Se aprobó por mayoría un expediente de modificación de créditos por Suplemento y créditos extraordinarios y una solicitud de bonificación del ICIO. Quedaron desestimadas las dos mociones presentadas por los grupos municipales de IU y PSOE.
Con el apoyo del grupo municipal Popular y el voto desfavorable de los ediles de Izquierda Unida y la abstención del grupo Socialista salió adelante la reducción de 4.000 euros en el salario del alcalde, Leopoldo Sierra. El equipo de Gobierno defendió esta rebaja basada en los trienios del primer edil. La Ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración local permite que los ediles liberados cobren un máximo de 50.000 euros más trienios. En este caso, asciende a 54.000 euros, cantidad que Sierra venía cobrando pero, que por voluntad propia, depone, rebajando su sueldo en 4.000 euros. Desde los grupos municipales de IU y PSOE se solicitó una mayor disminución del salario de los ediles liberados.
En concreto, Izquierda Unida consideró que la propuesta se quedó en el límite máximo permitido. En su argumentación, y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha tenido que refinanciar su deuda y emprender un Plan de Ajuste, IU entendía que «los salarios deben adecuarse a la realidad de la situación». Juan José Rodríguez de la Rubia pidió «más autocrítica» e instó a que los tres ediles con dedicación exclusiva a que rebajasen sus sueldos.
Desde las filas socialistas, su portavoz Cristina Maestre, también coincidió con Rodríguez de la Rubia en hacer extensiva la disminución de retribuciones al resto de ediles liberados y quiso aclarar que la medida obedece a una «imposición» de la norma. La concejala del PSOE no cuestionó que los concejales «cobren» pero, añadió, «sería bueno que se amoldasen a la situación del momento».
La portavoz Popular, María Dolores Martín de Almagro, replicó que los grupos de la oposición deberían reconocer la iniciativa del alcalde de renunciar a los trienios a los que tiene derecho ya que la Ley le ampara. Una disminución que, aclaró, «unida a la del tres por ciento del 2012, supone un ahorro de más de 30.000 euros respecto a lo que cobraban los concejales del antiguo equipo de gobierno socialista». Una actitud que contrapuso apelando a la «conciencia social» surgida en el debate, con las horas que el resto de ediles de la oposición perciben con cargo a reuniones, asistencias y plenos. Sierra cerró este debate indicando que en todo momento quiso ajustarse al salario que tenía antes de acceder a la alcaldía, y, ahora, descifró, se disminuye en 8.000 euros. «Estamos para servir voluntariamente, intentando desempeñar nuestras funciones lo mejor posible, y no voy a protestar esta decisión; el embudo está para todos», precisó dirigiéndose al concejal de Izquierda Unida.
Se dio el visto bueno con la única abstención del grupo municipal de IU a una solicitud de bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. También se aprobó por mayoría el expediente 5/2013 de Modificación de créditos por Suplemento y Créditos Extraordinarios por valor de 600.900 euros dentro del Presupuesto de Gastos de 2013. El importe queda financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos. En este punto, Rodríguez de la Rubia basó la abstención de su grupo en el hecho de no sentirse «corresponsables» con la gestión económica y los presupuestos elaborados por el equipo de Gobierno. Mientras, el grupo del PSOE tachó de «muy elevadas» las modificaciones que, para Maestre, son la antítesis al «ahorro» y «austeridad» del ejecutivo local. La oposición abogó por haber incrementado la partida destinada al PRIS del dinero no gastado. En respuesta a tales afirmaciones, el concejal de Hacienda, José David Gómez-Cambronero negó los ejemplos de la oposición con «hechos concretos y constructivos», y, alegó, «no hemos gastado más que lo ingresado; el presupuesto era de 18 millones y los ingresos finales ascendieron a 18,5 millones; habiendo incrementado la partida de planes de empleo en 400.000 euros». Respecto al PRIS, informó, es un programa que ya no viene sufragado desde el gobierno regional.
Otro de los asuntos en los que se volvió a reincidir en sesión plenaria aludió a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) sobre el despido de una técnico de promoción económica. El PSOE presentó una moción donde solicitó revocar responsabilidades al concejal responsable y ejecutor de esa discriminación, acatar la sentencia restituyendo las funciones originarias de la trabajadora y una manifestación de disculpa. Maestre leyó el punto segundo sobre hechos probados de la sentencia y relató que el trabajo de la empleada fue «vaciándose de contenido». Es «tan grave», afirmó, que el equipo de Gobierno debería de admitir «consecuencias» al respecto. La portavoz socialista catalogó «intolerable» la actitud del concejal responsable y el alcalde.
Aquí, desde la coalición rojiverde, Galo Sánchez-Bermejo, que recriminó la confrontación entre PSOE y PP, expresó que «una sentencia obliga cumplimiento» ante un procedimiento donde «el Ayuntamiento se ha visto forzado a defender toneladas de argumentos objetivos mientras que el trabajador solo con gramos de indicios gana». «El bien jurídico es muy importante y la justicia se pone de la parte más débil, salvo que la otra parte demuestre todo al 100%». Al ser un asunto tratado en Junta de Gobierno, el edil de IU, expresó que quizás debería hacerse extensiva la responsabilidad política a todos los ediles, por lo que la solicitud del PSOE, indicó, «no vale». IU Apoyó el texto, aunque dudó del hecho de depurar responsabilidades políticas.
Por su parte, el concejal delegado del área de Promoción Económica, José David Gómez-Cambronero, especificó que durante el juicio, desde la postura municipal se expuso la grave situación económica que le obligó a un Plan de Ajuste por el que se procedió a despidos de aquellos cargos cuya subvención que lo sustentaba había sido eliminada, citando los diez que fueron llevados a término antes que a esta trabajadora. «El despido se debió a causa económica». Sin embargo, insistió, la trabajadora optó por basar su defensa en «adscripción política». La sentencia, leyó, contempla que había presencia de indicios y «ausencia de una explicación convincente del hecho y móvil discriminatorio». Gómez-Cambronero, que relató cómo se desestimó el informe de Intervención y testimonios, denunció un despido improcedente en el área que tutelaba Maestre. Así lanzó el guante pidiendo su dimisión para, a renglón seguido, secundar sus pasos.
El alcalde Sierra reincidió en las causas económicas como única motivación del despido de la técnica de Promoción Económica y especificó que de aquel Plan de Ajuste que conllevó despidos se ahorraron más de un millón de euros. «No hemos discriminado políticamente ni a esta, ni a ningún trabajador municipal». Defendió la gestión de Gómez-Cambronero, gracias a la cual se está llegando en tiempo y forma al pago de nóminas y proveedores y las cuentas de gastos e ingresos se mantienen en equilibrio. «El Ayuntamiento funciona por su personal laboral fijo y sus funcionarios», concluyó.
Se desestimó la moción de Izquierda Unida por la Municipalización de las infraestructuras y terrenos del IES Virgen de las Cruces (Granja Escuela), como lugar de formación y creación de empleo. Sánchez-Bermejo manifestó la iniciativa de emprender actividades en este lugar, sea a través del sector agrario o servicios o como centro de formación y reconversión. Un procedimiento por el que abogó desde la participación de la clase política pero también de la sociedad civil como garantía de funcionamiento. La postura del PSOE fue de abstención por entender ausencia de «concreción» en el desarrollo de programas y proyectos susceptibles de llevar a cabo. El concejal Juan Manuel Prado fundamentó que las iniciativas podrían ir encauzadas en términos de investigación, desarrollo e innovación y empleo verde donde esté probada la viabilidad en el tiempo y emplazó a una reunión para valorar la propuesta. Por su parte, Martín de Almagro advirtió que con anterioridad La Granja Escuela acogió seminarios y encuentros y cursos que procedían de subvenciones de la propia titular, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. También, comentó, hasta la fecha, con la dotación de infraestructuras municipales se ha podido dar cobertura a actividades e iniciativas de este tipo sin tener que asumir un gasto económico municipal añadido procedente de esta instalación. El alcalde zanjó este asunto exponiendo el compromiso de la Junta de Comunidades para «no dejar morir este centro». Igualmente expresó la intención de la Consejería de darle un uso «educativo alternativo».
Once preguntas y dos ruegos culminaron un pleno al que se sumó la opinión de tres personas del público, entre ellas la propia técnico de Promoción Económica, quien dio su versión sobre el proceso judicial con el Ayuntamiento y la de un representante sindical que pidió que se excluyera a los trabajadores municipales de cualquier refriega política. «Sólo queremos trabajar y lo hacemos al servicio de los ciudadanos, gobierne quien gobierne», expresó. También se opinó sobre la posibilidad de dar viabilidad a La Granja Escuela.
