El sindicato CSI·F ha denunciado la «excesiva degradación que están sufriendo todos los organismos de la Administración General del Estado en la provincia, y de manera más especial los Centros de Trabajo de la Seguridad Social, y todo ello sin que la Administración tome medidas para paliar esta situación insostenible».
«Desde que la crisis se hizo patente en la administración pública, en la Administración General del Estado se han visto mermadas las plantillas de una forma ostensible y en Ciudad Real y en el entorno del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, se han visto reducidas las plantillas por jubilaciones e incapacidades permanentes de sus funcionarios y laborales, amén de las bajas laborales», señala.
«En 2013 y en la provincia han sido nueve empleados públicos los que han pasado al colectivo de pensionistas y se prevé que durante 2014 sean otros dieciséis funcionarios, como mínimo, los que se jubilen, y de cara a los próximos tres años la plantilla se verá reducida en un 40% de sus efectivos, sin que estén previstas nuevas contrataciones», sostiene.
Almadén, Alcázar, Manzanares e Infantes
El pasado mes de Agosto CSI·F denunciaba cómo el CAISS de Almadén se podía cerrar por falta de personal, «y ahora son otros tres Centros de Atención de la Seguridad Social, los de Manzanares, Alcázar de San Juan y Villanueva de los Infantes, los que se han visto seriamente mermados de personal para la atención directa al público», asegura.
Según el.sindicato, «concretamente este último se ha quedado solo con un funcionario para atender a los usuarios, tanto de INSS como de TGSS, de todo el Campo de Montiel con una población censada que supera los 21.000 habitantes. Este funcionario no se puede ni ausentar para su tiempo de desayuno o para sus vacaciones o periodos de descanso, porque tendría que cerrar el establecimiento, y eso sin excluir alguna circunstancia que causase Incapacidad Temporal».
«Los otros Centros de Atención al Público también se han visto mermados por jubilación y enfermedad de algunos de sus componentes y la dirección provincial no pone remedio a esta situación de restricciones de recursos humanos», dice CSI·F.
Para CSI·F, «esta situación es un “atraco” contra los ciudadanos, que son los perjudicados en la atención administrativa de la Seguridad Social que, lejos de acercar la gestión al ciudadano en Centros que están creados y dotados para estas funciones, lo que se está realizando es un deterioro de la calidad del servicio, que debe ser la prioridad de la Función Pública».
«Desde CSI·F seguimos apostando por el apoyo incondicional a los empleados públicos y protestamos por el aumento constante de las cargas de trabajo de los trabajadores de la Seguridad Social, el FOGASA o el SEPE, que se ven sometidos a un estrés psicosocial que a la larga repercute en su salud física y mental», concluye.
