La secretaria de Organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha asegurado que el último expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa pública Geacam “es un claro chantaje y una amenaza” que tiene todos los visos de volver a declararse nulo si finalmente se lleva a cabo.
Fernández ha recordado que «este quinto ERE presentado por la empresa de gestión ambiental de Castilla-La Mancha afecta básicamente a todos aquellos trabajadores que no firmaron en su día la renuncia voluntaria a su contrato fijo».
«Un total de 385 trabajadores –prácticamente 80 en la provincia de Ciudad Real- son los que ahora pretende echar a la calle el Gobierno de María Dolores de Cospedal», una decisión que la dirigente socialista ha calificado de “negligente y prepotente por no respetar el sentido común, los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las leyes».
Igual de «preocupante» para Fernández es que la mayoría de los trabajadores incluidos en ese ERE extintivo son bomberos forestales, una auténtica “barbaridad” que a su juicio «no sale gratis si se tiene en cuenta que ha provocado que en los dos últimos años ha aumentado un 60% la superficie forestal quemada en la región, un hecho que se produce por primera vez desde la creación del Geacam».
Blanca Fernández ha mostrado una gran preocupación al argumentar que “si con la plantilla actual se ha demostrado que es insuficiente garantizar la seguridad de los montes, con casi 400 despidos más ¿qué pasará en los montes de Castilla-La Mancha?”.
Respecto a las razones económicas que esgrime en Gobierno de Cospedal, la también diputada regional del PSOE las ha rechazado de plano, «al igual que en su día hizo el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha en sendas sentencias judiciales». “No hay nadie que se pueda creer que no hay dinero para hacer labores de prevención a través del Geacam y sin embargo sí hay dinero para contratar a empresas privadas que realicen estas mismas labores”, ha dicho, convencida de que «la Junta de Comunidades pretende renunciar a limpiar el monte en los meses de invierno como medida preventiva contra incendios».
Críticas por tanto de Fernández a esta política “irresponsable” de Cospedal en materia medioambiental «con el caso concreto del intento de desmantelar Geacam con el despido de 700 interinos en un primero momento y con dos ERE’s anteriores sobre la práctica totalidad de la plantilla, ambos, por cierto, declarados nulos por la Justicia que costarán 14 millones de euros».
En este sentido, la secretaria provincial de Organización de los socialistas ciudadrealeños ha manifestado que “Cospedal va de varapalo en varapalo judicial”, al citar «no solo los ERE’s ilegales en Geacam, sino la sentencia del TSJCM conocida esta misma semana que obliga a la Junta a readmitir a 500 funcionarios interinos despedidos en el verano de 2012, otra con resultado idéntico al tumbar el intento del Gobierno regional del PP de cerrar las urgencias nocturnas en 60 municipios o las múltiples sentencias de casos individuales en las que Cospedal ha recibido un revés».
“Como se ve, la señora Cospedal no da una -ha afirmado Fernández- pese a que se crea que el Gobierno y la región son su cortijo al actuar con tanta prepotencia. Una historia que tiene como protagonista del último capítulo precisamente al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, al que la Fiscalía investiga por un presunto contrato en diferido», dice.
A este respecto, y relacionando con todo lo anterior, Blanca Fernández ha señalado que “la austeridad es siempre para los mismos, para los ‘mileuristas’ que se dedican a apagar incendios forestales, éstos sí tienen que renunciar a su contrato fijo y sí se les tiene que despedir por parte de la Junta, y, sin embargo, al marido de Cospedal se le hace presuntamente un contrato en diferido, eso está investigando la Fiscalía, para amparar una situación que en principio parecía absolutamente ilegal”.
Se refiere Fernández a las informaciones que apuntan a que López del Hierro “estaba cobrando 7.000 euros al mes de Liberbank desde noviembre de 2011 sin saber porqué recibía esos 7.000 euros al mes, ya que la entidad financiera en la que está integrada CCM parece ser que registró el contrato en abril de 2013, poco antes de que el escándalo saltara a los medios y se registrara una denunciaran CCOO y un ex directivo de la entidad bancaria, y es que estaba cobrando 7.000 euros al mes de Liberbank desde noviembre de 2011 sin saber porqué recibía esos 7.000 euros al mes».
“Para Cospedal y los suyos no hay austeridad, hay simulaciones de contratos en diferido”, ha concluido Fernández.
