UPyD ha reclamado el cese del consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban y de Juan Manuel de la Fuente, Director General de la Función Pública, tras conocer la Sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha «que declara la violación de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva por los representantes de la Función Pública regional y que supone tener que readmitir a más 500 interinos cesados en el verano de 2012 y el pago de los salarios dejados de percibir por éstos desde entonces».
Para Celia Cámara, líder regional de UPyD, «éste ha sido el caso más grave de los muchos que han caracterizado la caótica gestión llevada a cabo desde el comienzo de la legislatura por los máximos responsables de la Función Pública de la Junta de Comunidades», por lo que considera que la Presidenta, María Dolores de Cospedal, «no puede tardar ni un minuto más en cesar a Leandro Esteban y a Juan Manuel de la Fuente».
Cámara también ha recordado, que UPyD ya manifestó, cuando se produjo el cese de los funcionarios interinos, «que esta decisión no era acorde con la legalidad y que además del grave perjuicio para los funcionarios afectados, suponía un ejemplo más de la falta de negociación con los agentes sociales por parte de la Administración, agudizado además por el autoritarismo y la falta de empatía del Director General de la Función Pública, y que ha llevado a nuestra Comunidad Autónoma a encabezar el triste ranking de mayor destrucción de empleo público en el conjunto del Estado».
De igual forma, Cámara ha incidido en el coste que para el erario público supondrá esta Resolución judicial, unos 15 millones de euros, y ha pedido que, dada la contundencia del fallo, la Junta no recurra el mismo ante el Tribunal Supremo, «que casi con total seguridad, ratificará el ahora dictado aumentando aún más los gastos ocasionados»; pidiendo, por el contrario, que «se cumpla estrictamente la Sentencia y se proceda a la readmisión inmediata de los funcionarios despedidos, necesarios en los más que maltratados servicios públicos de la Comunidad Autónoma».
UPyD, por último, considera, que «además de producirse los ceses indicados, debería iniciarse un cambio de rumbo en la política de personal, empezando por respetar la representatividad que tienen los sindicatos de la función pública y adoptando un talante negociador, hasta ahora ausente, por parte de los máximos gestores de la Función Pública en las diferentes políticas de personal que se negocien con los representantes de los empleados públicos».
