El pasado 14 de enero de 2014 veía la luz una resolución del FROB (Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria) que, basándose en un informe de la inspección del Banco de España, acordaba la intervención, venta y resolución de la Caja Rural de Mota del Cuervo.
Dicha resolución se justificaba por (textualmente) «un importante deterioro de la inversión crediticia que ha provocado un déficit de cobertura de los recursos propios». A continuación vamos a intentar indagar algo más en el asunto, a pesar de que todavía no conocemos el informe íntegro de la inspección del Banco de España que ha servido de base para tomar esta drástica medida, que se ha llevado por delante una cooperativa de crédito con más de 50 años de historia en Mota del Cuervo y comarca.
La expresión «deterioro de la inversión crediticia» se refiere a que una parte de los préstamos concedidos por la entidad ya se habrían manifestado morosos o en riesgo de convertirse en morosos en el futuro. Y aquí no tenemos información para saber si los beneficiarios de dichos préstamos ya han dejado de pagar puntualmente sus cuotas periódicas, o si por el contrario las siguen pagando pero a pesar de ello dichas operaciones no han sido adecuadamente garantizadas. Sea como fuere, cuando determinados préstamos concedidos pasan a tener la consideración de morosos, la entidad financiera está obligada a realizar una provisión para hacer frente a este menoscabo patrimonial. Si el deterioro de la inversión crediticia es de gran envergadura, la cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad va a resentirse, de manera que el resultado de la entidad pudiera arrojar pérdidas. En este caso, lo que establece la legislación de las entidades financieras es que las pérdidas de una entidad se deben cubrir con sus recursos propios (recursos propios = capital 383.000 euros + reservas 5.817.000 euros + resultado del ejercicio – 577.000 euros, datos para la Caja Rural de Mota del Cuervo a 30-9-2013).
Y aquí viene el quid de la cuestión. Según la legislación vigente, la ratio de solvencia de las entidades financieras debe ser del 9% como mínimo. Dicha ratio es el cociente entre los recursos propios (numerador) y los activos de la entidad (préstamos fundamentalmente) ponderados por el riesgo (denominador). A 31-12-2012, la ratio de solvencia de la Caja Rural de Mota del Cuervo era del 9,91%, es decir, cumplía pero de manera relativamente ajustada. Si como consecuencia de la inspección del Banco de España han aflorado determinados préstamos morosos o insuficientemente garantizados (se apuntan en una cuantía aproximada de 7.000.000 de euros) la entidad ha entrado en pérdidas que deben cubrirse con capital y reservas, hasta tal punto que los recursos propios de la entidad han experimentado una merma que los ha reducido a su mínima expresión hasta hacerlos «desaparecer», con lo cual la entidad estaría en una situación de absoluta insolvencia (ratio negativa).
La resolución del FROB menciona que según la inspección del Banco de España «se detectaron importantes deficiencias en el control del riesgo del crédito, y excesos de concentración de riesgos, lo que unido a la reducida dimensión de la entidad, la falta de rentabilidad que presenta y el deficiente gobierno corporativo existente, ha determinado que la Caja Rural de Mota del Cuervo no tenga capacidad para subsanar por sí misma los déficits señalados y asegurar su viabilidad futura».
Hasta aquí todo muy claro, pero un sistema político como el nuestro, si realmente quiere ser calificado como democrático, debe de ser absolutamente transparente. Durante el último lustro la sociedad española ha asistido a un rosario de intervenciones y rescates a bancos y cajas de ahorro, y en la mayor parte de los casos no ha trascendido con el necesario detalle información sobre las causas que han llevado a tal situación, así como las posibles soluciones alternativas. En todos los casos anteriores, y ahora en el de la Caja Rural de Mota del Cuervo, la ciudadanía en general y los/as socios/as de Mota deberían conocer los informes de las administraciones públicas (en este caso del Banco de España) que justifican una toma de decisiones tan drástica como la que nos ocupa. Conociendo dicho informe, las personas interesadas podrían aceptar o discrepar con la solución tomada, y en su caso recurrirla. Si no se conoce, nos movemos en el ámbito de la suposición y la especulación, impropios de sociedades supuestamente democráticas como la nuestra. ¿Qué o quiénes pueden tener interés en que dicho informe de inspección no salga a la luz?. Si las entidades financieras, administraciones públicas y entidades supervisoras apuestan por el oscurantismo, luego no debiera extrañarnos que ciudadanos/as salgan a la calle a exigir la información que se les niega y oculta. ¿Por qué se hacen las cosas mal cuando hacerlas bien es tan fácil?.
Gregorio López Sanz
Economía, con E de esperanza
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