El sindicato CSI·F ha reclamado a las administraciones públicas de Castilla-La Mancha que consignen en sus Presupuestos 2014 una partida para el «inmediato pago» de extra de Navidad 2012 «ante las reiteradas sentencias que los tribunales de numerosas provincias y comunidades autónomas están realizando reconociendo el derecho de los empleados públicos a cobrar la parte devengada (unos 44 días y de 350 euros de media por trabajador), injustamente retirada por el gobierno de Rajoy».
En un comunicado, CSI·F considera que «no se puede dilatar más el asunto y que tanto la Administración Autonómica, la UCLM, diputaciones y ayuntamientos de toda Castilla-la Mancha deben prever cuantías para afrontar un tema ineludible sin tener que esperar nuevas resoluciones judiciales ni forzar a los empleados públicos a realizar reclamaciones individuales que colapsarían el funcionamiento de las instituciones».
CSI·F reclama también que el pago de la parte devengada de la extra «se haga a todos los colectivos de funcionarios, laborales y estatutarios, para no incidir en discriminaciones absurdas e injustas como las que han existido en los temas de incapacidad temporal o las próximas y muy actuales por el copago sanitario».
Para CSI·F, «los presupuestos de las administraciones públicas deben recoger también como prioridad el mantenimiento de las plantillas poniendo fin a la enorme destrucción de empleo público de los últimos años, cifrada en 390.000 empleos públicos en los últimos dos años, 20.000 de ellos en Castilla-La Mancha, a lo que ahora se añade la amenaza de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tras la aplicación de la Ley de Reforma de la Administración Local».
«Faltan empleados públicos»
CSI·F considera que «ha llegado el momento de incluir para su aprobación en los distintos presupuestos de las administraciones públicas partidas económicas para fomentar el empleo público que demanda la sociedad a nivel general (basta con ver la demanda de profesionales sanitarios durante estas semanas en toda España, ante los colapsos de los servicios de urgencia de los hospitales) o para acordar y desarrollar planes de fomento de empleo en el ámbito de la administración local, compuesto fundamentalmente por ayuntamientos y diputaciones».
