Daimiel Noticias.- El Ayuntamiento “respeta” la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en virtud de la cual se confirma la readmisión de la trabajadora técnico de Promoción Económica ante la demanda interpuesta contra la administración local y por la que se confirma su despido nulo. En el texto se alude a un móvil por causa de “adscripción política” y “vulneración del derecho fundamental de libertad ideológica”. La portavoz municipal, María Dolores Martín de Almagro, matizó que “acatamos” el veredicto pero “no lo compartimos”.
Martín de Almagro ha redundado sobre este asunto en que en el ánimo del equipo de Gobierno “sólo han existido motivos puramente económicos basados en un Plan de Ajuste aprobado por el Ministerio de Hacienda y donde se contemplaba la necesidad de reducir gastos en materia de personal ante la situación ruinosa de las arcas municipales”. En este punto, prosiguió, “se imponía una reducción de puestos de trabajo que se sustentaban en subvenciones procedentes de otras administraciones públicas que habían manifestado su intención de suprimir de cara al siguiente ejercicio”. Una situación, indicó, en la que se incluía la citada trabajadora municipal del CLIPE (Centro local de Innovación y Promoción Económica), excluido como beneficiario de ayudas.
La edil especificó que, tal y como recoge la sentencia, “los contratos laborales de carácter temporal de la trabajadora, estaban sujetos a programas determinados”.
“El 21 de diciembre se comunica por parte de la Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio que la subvención de 60.908 euros no se va a incluir en el ejercicio 2013, hecho que se considera probado en el fallo”, dilucidó. En este sentido destacó que “la denunciante declaró en el juicio que nunca se le hizo reproche alguno por su adscripción política y que, igualmente, niega haber sufrido algún tipo de amenazas”. Martín de Almagro se mostró rotunda en afirmar que “en ninguna decisión de las adoptadas sobre despidos ha influido en nosotros el criterio político, y, de hecho –continuó- el primer puesto del que se prescindió correspondió al de personal eventual de libre designación antes que a ningún trabajador municipal”.
Durante su intervención, la portavoz explicó que el texto refleja como “hecho probado” que en el despido se alegan causas económicas, conforme al informe del Interventor municipal y que no se discute que los contratos de trabajo de la actora estaban sujetos a programas concretos como CLIPE (Centro Local de Innovación y Promoción Económica) o proyectos determinados.
Martín de Almagro reiteró que se realizó un “despido objetivo por circunstancias económicas y que los contratos temporales estaban sujetos a programas específicos y subvenciones finalistas que se suprimían de cara al ejercicio 2013”. La decisión municipal de reducir gastos en materia de personal, aclaró, “no recayó sobre esta trabajadora exclusivamente sino que afectó a otros tantos trabajadores más que, de continuar, hubiesen supuesto un millón y medio de euros durante los cuatro años de legislatura a los que no se podía hacer frente”. Asimismo, prosiguió, la trabajadora declara que “nunca se le hizo reproche alguno por su adscripción política”.
Desde el equipo de Gobierno se recurrió por considerar hechos objetivos este despido, tal y como recoge el documento donde se reconoce como acreditado que el Ayuntamiento está sujeto a un Plan de Ajuste que requiere de la progresiva disminución de los gastos de personal, en general, así como la previsión desde el área de Intervención de la supresión de una línea de ayudas “razonable” y “fundada”. En cifras, reconoció, son 37.000 euros anuales, que ahora deberán asumir las arcas municipales.
No obstante, argumentó Martín de Almagro, la demandante, en aras de su libertad, decidió plantear el despido como una cuestión política en la que ha fundamentado su demanda, ahora refrendada por el TSJCM. Desde el equipo de Gobierno se considera que el PSOE “busca sacar rendimiento político a esta sentencia” y, en la actualidad, se está estudiando la posibilidad de recurrir el fallo judicial. Aquí, insistió, “se ha actuado en conciencia y velando por los interés general de los daimieleños”. Finalmente quedó expresa la “firme creencia en el sistema democrático y en los estamentos que comporta que, en este caso concreto, no compartimos pero que indudablemente sí que acatamos”. De hecho, concluyó, la trabajadora lleva incorporada desde mayo de 2013.
