El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real ha publicado el auto sobre el recurso presentado por el PSOE para paralizar el proceso de cambio del modelo de gestión de Aguas de Alcázar, un recurso que ya ha sido desestimado, siendo la tercera vez que esto ocurre.
Tras la vista celebrada el pasado miércoles, el juez entiende que no ha lugar la medida cautelar solicitada por el PSOE, tal como ha explicado este lunes a los medios de comunicación el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, quien ha comparecido acompañado del gerente de Aguas de Alcázar, Ángel Puente. “Es la tercera vez que un juez quita la razón al PSOE y se la da al equipo de Gobierno”, explicó Ortega, quien subrayó que el primero lo presentó la portavoz del Grupo Socialista, Rosa Melchor; el segundo, la plataforma del agua; y el tercero, el concejal socialista José Fernando Sánchez Bódalo, junto a otros ediles de su grupo, entre ellos, de nuevo, Rosa Melchor.
En el auto, el juez reconoce que el procedimiento de cambio del modelo de gestión se enmarca perfectamente en la labor de los ayuntamientos por salvaguardar los intereses de los vecinos. Además, recuerda que, con la deuda de más de ocho millones de euros, Aguas de Alcázar está en causa legal de disolución, por lo que la entrada de capital privado es la única manera de garantizar la viabilidad de la empresa.
Asimismo, en el auto el juez valora que el Ayuntamiento seguirá manteniendo el control de la empresa, que seguirá presidida por el alcalde, pese al cambio del modelo de gestión, manteniendo además la calidad del servicio, las tarifas y los puestos de trabajo.
Diego Ortega hizo hincapié en que en el auto se hace alusión a la auditoría independiente que en 2012 se realizó en Aguas, confirmando la deuda de más de ocho millones de euros de la empresa pública.
El alcalde afirmó que los argumentos del juez para desestimar el recurso del PSOE son “demoledores” y respaldan el cambio de modelo de gestión impulsado por el equipo de Gobierno, ya que “sin capital privado no habría fondos para obras, para el personal y para el pago de las deudas”. Por ello, el juez “no ve prudente abortar la operación, dado el grave perjuicio que ocasionaría para el municipio”.
El auto incluso afirma que la grave crisis económica ha afectado a los ayuntamientos, por lo que “no va en contra de los intereses del municipio exigir la devolución de una deuda tan importante”.
Por todo ello, y tras asegurar que “el auto razona jurídicamente sobre el interés social de los vecinos”, Ortega indicó que el proceso sigue adelante “por el bien de la empresa y de la ciudad de forma transparente”. “Los jueces dan la razón al equipo de Gobierno: hay que hacer lo que estamos haciendo, que es trabajar por los vecinos y dar viabilidad a la empresa, mientras otros siguen en la demagogia sin buscar soluciones”.
«El PSOE ha quemado el último cartucho»
Por su parte, el gerente de Aguas de Alcázar explicó que en la vista el juez llegó a preguntar a los abogados del PSOE y de la plataforma qué pretendían con este recurso que constaba de 27 folios, de los que 25 se dedicaban a justificar la medida cautelar solicitada y sólo dos a los argumentos relativos a lo contencioso administrativo. “Sólo querían reventar el proceso”, afirmó Ángel Puente, quien indicó que incluso el abogado del PSOE llegó a admitir que lo que buscan es la quiebra de Aguas de Alcázar”.
Para Puente, lo que el PSOE busca es “hacer el mayor daño posible al Ayuntamiento y generar crispación a costa de los intereses de los vecinos”. En este sentido, aseguró que este tercer recurso ha sido “el último cartucho que han quemado para intentar cargarse Aguas de Alcázar”.
El proceso, por tanto, sigue adelante. Hasta el día 28 de enero podrán presentar sus ofertas las empresas interesadas en formar parte de la nueva sociedad mixta de Aguas y a lo largo del mes de febrero se producirá la licitación a la que resulte adjudicataria.
