El TSJ-CLM anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real por el que se asumía las competencias del Centro de la Mujer y se creaba dos puestos de trabajo a la medida de la alcaldesa y la Concejala de bienestar social Messia de la Cerda.
El convenio aprobado por el Ayuntamiento de Ciudad Real y ejecutado mediante un convenio con la Diputación Provincial de Ciudad Real presidida por el socialista Nemesio de Lara, ha sido anulado por la Sentencia de 20 de Diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Esta decisión, que supone «un nuevo varapalo» para la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento de Ciudad Real, demuestra, en opinión de Izquierda Unida, que la alcaldesa y la concejala de bienestar social intentaron adquirir una plaza de empleo público mediante métodos irregulares, evitando así la concurrencia en concurso público con otros aspirantes.
Para Carmen Soánez, aunque Romero y Messía de la Cerda “hicieron el paripé” abandonando el Pleno en una votación en la que existía un obvio conflicto de intereses, se aseguraron el control municipal del Centro de la Mujer y dos puestos de trabajo en este a través de la mayoría absoluta con la que domina el Pleno el Partido Popular. “Romero y su concejala han demostrado que anteponen su propio interés privado al interés general, han usado su influencia en una institución pública para asegurarse un puesto de trabajo y la justicia ha anulado su decisión”. Para Soánez, la alcaldesa entra en una absoluta contradicción cuando lamenta la pérdida del Centro de la Mujer al mismo tiempo que afirma estar plenamente de acuerdo con la reforma de la ley del aborto por entender que “éste no es un derecho de la mujer”.
Soánez, que también ha defendido la importancia del Centro de la Mujer, recordaba que su formación ya denunció en su momento este traspaso de competencias y la forma en la que se realizó. “El acuerdo se tomó por la vía de urgencia sin ofrecer la información mínima a los grupos de la oposición”, lo que provocó la queja de la concejala en el mismo Pleno. Además, Carmen Soánez recuerda que el Centro de la Mujer es una competencia regional, asumida en primer lugar por la Diputación, y que finalmente recayó en el Ayuntamiento por la «desatención» de la Diputación, «que mantenía de forma irregular a las trabajadoras durante años y sin convocar las debidas plazas». En su lugar, se crearon puestos específicos para este Centro, entre otros los de Rosa Romero y su concejala, en el mismo Pleno en el que se aprobaron despidos de muchos otros empleados públicos (anulados recientemente por otra sentencia). “La defensa de los derechos de la mujer desde las instituciones debe ser compatible con el trabajo de todos los empleados públicos y no puede ser coartada para enchufar a cargos políticos del PP”, concluía Soánez.
