Daniel Martínez Sáez, coordinador regional IU Castilla-La Mancha.- El agua es un bien público esencial, y, como tal, debería ser gestionado a través de un modelo democrático, transparente y participativo, con el que preservar el abastecimiento como derecho humano y los requerimientos ambientales de los ecosistemas hídricos, tal como determina la Directiva Marco del Agua. 
En base a esta premisa, que forma parte de las conclusiones de la jornada sobre gestión del agua organizada por la Fundación Nueva Cultura del Agua y el proyecto EFLUSII, a estas alturas cabría pensar que habiendo superado una visión o cultura del agua como recurso, estaríamos abordando un esquema de gestión basado en la consideración del agua como un verdadero patrimonio ecosocial.
En este sentido, la Directiva Marco del Agua y la aplicación de la normativa europea en general, representaban una oportunidad para modificar vicios adquiridos y aplicar políticas muy distintas en la gestión del agua. Sin embargo, estamos claramente ante una oportunidad perdida. Tanto la nueva planificación hidrográfica, en cuanto a su proceso de elaboración y el resultado final del mismo, como el resto de la normativa que se está aprobando, refuerzan las malas políticas existentes y consolidan, por un lado, el expolio del agua, primando la consideración de los ríos en sus tramos altos y medios como una especie de depósitos y tuberías para trasvasar agua a las zonas costeras, y desprecian, por otro, las necesidades y reivindicaciones históricas de Castilla-La Mancha, tanto a nivel ambiental como socioeconómico.
Los planes de cuenca están llegando tarde y de mala manera, incumplen la normativa ambiental europea y dibujan un modelo de gestión del agua basado en la satisfacción de las demandas de los regantes y las compañías eléctricas, independientemente de las realidad de los recursos existentes y el objetivo de mantener las masas de agua en un buen estado de conservación; estos planes brillan por su escasa transparencia y participación.
Los planes del Tajo, Júcar y Segura garantizan el estatus quo existente hasta la fecha, y dotan de mayor seguridad jurídica al trasvase Tajo-Segura, y a los que existen en el Júcar. El Tajo seguirá siendo un río que desemboca en el Cenajo, una cloaca su curso natural; el Júcar un conducto de agua hacía levante; el Segura ha borrado de su demarcación la parte alta del mismo. Poco importa para ellos el estado de las aguas o las necesidades que queden en el camino. En el caso del Júcar, el plan se ha elaborado incluyendo cuencas intracomunitarias de otros ríos, en caso de sequía el agua de abastecimiento humano para Albacete se le tendrá que pagar a los regantes valencianos y aún se permiten reclamar que los usos de la Mancha se eliminen. En definitiva, desde Levante controlan la gestión de las cuencas de los ríos, se legisla a su placer, al dictado y prevalencia del viejo modelo de gestión del agua basado, a salvo el abastecimiento humano, en la oferta de recursos hídricos para regadío e hidroelectricidad.
Para colmo de males, el famoso Memorándum firmado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Valencia, Murcia, elaborado sin la participación de Castilla-La Mancha, que se ha limitado a dar el visto bueno a lo acordado por los demás, ha adquirido rango de Ley a través de ocho enmiendas incluidas en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que sin absolutamente ningún debate, ni información pública, ha modificado el régimen de explotación del trasvase Tajo-Segura, la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico Nacional, dando un giro radical a la regulación los trasvases entre cuencas en general y, con ello, a la política de aguas. A mi juicio, estos cambios fundamentales, impuestos por el PP y metidos con calzador en una ley “ajena”, suponen una auténtica traición a la región, dejando por el camino cualquier reivindicación de mejora en la gestión y uso del agua, especialmente en lo que afecta al Tajo.
Ciertamente Cospedal parece haber zanjado la guerra del agua, pero lo ha hecho ejerciendo de Secretaria General del PP, dejando a un lado su condición de Presidenta de Castilla-La Mancha, un auténtico menosprecio hacia esta tierra. Como en tantas otras cuestiones claves para esta región, durante muchos años la problemática del agua ha sido objeto de una tremenda demagogia, mucho se ha dicho, pero poco o nada se ha hecho; ahora, el PP, agitado por su corte levantina, ha aprovechado un balón muerto en el área y nos ha metido un gol por toda la escuadra. El agua es determinante para la vida y junto con otros recursos naturales forma parte de la identidad de Castilla-La Mancha, si la perdemos, si renunciamos a la defensa de los ríos, si permitimos su expolio, perdemos la dignidad como pueblo.
Grande Dani.