Democracia y Represión

Carmen Soánez, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ciudad Real.– El respeto no se puede imponer, ha de conquistarse. Lo saben bien quienes se dedican a la profesión docente. Confundir respeto con miedo es muy peligroso.

En democracia el respeto a las instituciones y sus representantes nunca se puede anteponer al ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales. Por encima de las legítimas aspiraciones políticas de cada una de las organizaciones debe de prevalecer el sentido de defensa colectiva de las instituciones del Estado. La voluntad popular expresada en las urnas nos concede como cargos públicos derechos y deberes que, en ninguna circunstancia, pueden anteponerse a los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos. La difícil tarea de representación pública de las instituciones debe acompañarse siempre de un escrupuloso respeto a la opinión pública, a la crítica legítima y constructiva de la ciudadanía.

Ganarse el respeto de las y los ciudadanos debe ser una prioridad, un trabajo a tiempo completo, de todas aquellas que, de una u otra forma, nos dedicamos al servicio público. La vocación de servicio público, de ponerse a disposición de la sociedad, conlleva, o así deberíamos entenderlo, una serie de sacrificios personales, dentro de los límites de lo razonable, entre los que debemos contemplar el reproche airado, la crítica subjetiva y la demostración del malestar ante las actuaciones políticas que una parte de la población puede no compartir, considerar erróneas o incluso lesivas para sus propios intereses. Como representación de la voluntad popular, de la base social y electoral que nos ha situado en una determinada responsabilidad, tenemos la obligación de dar respuestas a las demandas sociales. Los cargos electos deben estar en permanente contacto con sus electores y electoras y las calles deben de ser su territorio natural de práctica política cotidiana. Ningún representante institucional puede sentir desconfianza hacia el contacto con la ciudadanía.

La alternativa que la propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana plantea con respecto a los derechos de manifestación es falsa. No se trata de elegir entre el derecho a manifestarse y la obligación de garantizar la seguridad de las instituciones. La democracia, su expresión popular, no puede ser nunca una amenaza a la democracia. Es un insulto a la ciudadanía ponerla bajo sospecha desde el Estado. Legislar contra las prácticas pacificas de expresión y manifestación del desacuerdo, del necesario disenso, es secuestrar la voluntad popular desde el poder Ejecutivo. Nadie que realmente confié en la democracia, y por tanto en la ciudadanía, se puede plantear como una amenaza política la existencia de un grupo, mayor o menor, de ciudadanos y ciudadanas descontentos, disconformes con la actuación de un determinado gobierno, local, regional, etc.

El giro autoritario del actual Gobierno y su deriva legislativa es motivo de alarma social. Las medidas de control y coerción social de la actual Administración del PP están suponiendo un incremento sancionador sin precedentes en la democracia. La hiperactividad sancionadora la expuso recientemente el profesor de Derecho penal de la UCLM Manuel Maroto en un artículo muy interesante en el periódico digital El Crisol de Ciudad Real. Con las cifras como evidencia, vemos que la estrategia política del PP en los diferentes gobiernos es la misma: Aumentar la represión y recortar la democracia. Recortar los derechos: La educación, la sanidad, la protección social y, para no enfrentar políticamente la respuesta social consiguiente, los derechos y libertades civiles.

La represión y la democracia son incompatibles. Casos como el denunciado por la campaña #Cospedalteodia son el paradigma de la voluntad política de la nueva estrategia jurídico-policial de la Administración del PP. El juicio a “los 7 de Ciudad Real” es un “juicio político”. Político porque se está encausando el legítimo derecho de reunión y manifestación. Político porque pretenden imponer, vía judicial, una única visión política de las relaciones sociales y económicas. Político porque pretenden gobernar desde la sanción administrativa a toda forma de disenso. Un “juicio político” es un anacronismo en una sociedad democrática de derecho. Gobernar desde el Código Penal es demostrar impotencia política y miedo ante la ciudadanía. La cuestión de la protección jurídica de las libertades democráticas y los derechos civiles está recogida en la Constitución de 1978 de forma clara. Solo 10 días después de celebrar su 35 aniversario podemos asistir a una prueba de, hasta qué punto, su vigencia y cumplimiento son realmente asumidos por el gobierno regional de María Dolores De Cospedal. Una presidenta que ha sentado en el banquillo de los acusados por “faltar al respeto” a jóvenes parados, estudiantes, activistas sociales y políticos es una irresponsable.

La política de Cospedal es la eliminación de la oposición. Lo demostró al suprimir el salario de los diputados y diputadas regionales haciendo, una vez más, una campaña de populismo antidemocrático y electoralista. La política de Cospedal es una política de “tierra quemada” como la han definido en Nueva Tribuna Joaquín Aparicio, Jorge Fernández y Francisco Trillo. Hay que recuperar la política. Algunas creemos en la política como solución y no como problema.

El PP considera que el aparato legislativo es la política por otros medios. No podemos continuar permitiendo que, bajo la excusa de una mayoría electoral, se utilice el Estado para instaurar la represión como forma de gobierno. Es insano y peligroso para un sistema democrático observar desde la pasividad como se persigue desde las instituciones del Estado a la disidencia política, social y sindical.

El Gobierno del PP, en todas sus instancias, debe reflexionar sobre la deriva hacia la derecha-extrema que está dirigiendo sus políticas y cuál puede ser el resultado futuro de las mismas. Toda responsabilidad institucional es, afortunadamente, temporal. La temporalidad del desempeño de las funciones de gobierno es condición necesaria para la higiene democrática, para oxigenar los organismos públicos y mantener una verdadera democracia interna, tanto en las organizaciones políticas como en las instituciones. Esta interinidad debería ser motivo suficiente para realizar un análisis de la coyuntura política desde la óptica de quien se sabe al servicio de la institución y no a la inversa. Dicho de otra forma; Entender y afrontar la responsabilidad del ejercicio de Gobierno como un proyecto social. Como una oportunidad de fortalecer la sociedad civil e impulsar mecanismos de participación que perduren tras la salida del Gobierno de una determinada opción política. Asumir las legislaturas como un período de tiempo concreto para experimentar políticas públicas que impregnen a la sociedad y demuestren que el programa con el que se fue elegida tiene la suficiente consistencia como para sobrevivir a sus portavoces.

Quienes representamos a los y las ciudadanas tenemos la obligación de asumir la crítica pública a nuestra labor política. Ningún cargo electo puede esconderse bajo una interpretación nominalista de la legalidad para no dar explicaciones de sus actuaciones. No sirve, como recientemente ha hecho la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, acogerse cuestiones de forma para justificar prácticas autoritarias, camuflando bajo la apariencia de procedimientos administrativos lo que son medidas represivas. La “burorrepresión” que práctica sistemáticamente la Administración ya ha sido analizada y denunciada en diversas ocasiones y recientemente en un excelente libro publicado por la editorial Bomarzo y coordinado por el profesor de la UCLM Pedro Oliver: Burorrepresión. Sanción administrativa y control social.

Este juicio a siete activistas de Ciudad Real, esta “ley mordaza”, demuestra miedo. Miedo a la democracia. Los gobiernos del Partido Popular tienen miedo de sus ciudadanas y ciudadanos.