Eusebio Gª del Castillo Jerez.– Los sindicatos UGT y CCOO han congregado a un grupo de unas 30 personas junto a la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, entre las que se encontraban militantes del PSOE e Izquierda Unida, para mostrar su rechazo a la reforma de la administración local, que próximamente será aprobada.
Raimundo Murillo, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, explicaba que los sindicatos vuelven a manifestarse en contra de la reforma de la administración local, «debido a la barrabasada que esta gente está haciendo». «Se quieren cargar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos -decía-, sobre todos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son el 84%, debido, al parecer, a la gran deuda pública que acumulan». Sin embargo, Murillo subrayaba que, del total de la deuda pública, «los ayuntamientos son responsables del 4%, y de ese porcentaje, el 44% corresponde al Ayuntamiento de Madrid, precisamente gobernado por el Partido Popular».
«Esta reforma va en contra del artículo 140 de la Constitución y se está haciendo con miras a la privatización de los servicios públicos», añadía, a la par que pedía el apoyo de la ciudadanía.
Alfonso Tercero, de CCOO, aseguraba que esta reforma se encuadra dentro de una reforma ideológica, «que es lo que está llevando a cabo el Partido Popular desde que gobierna este país». «Esta reforma, al igual que la laborar, resta democracia a los ciudadanos y supone un retroceso», advertía. Según Tercero, la idea del Partido Popular es «recentralizar el poder y restar autonomía a los ayuntamientos, con lo que el voto de los ciudadanos no va a tener ningún sentido, ya que las decisiones no se van a tomar en el propio municipio».
Por último, señalaba que, «con la modificación que se hizo de la Constitución, la prioridad es contener el déficit público, aunque sea en contra de los derechos de los ciudadanos y de prestarles uno servicios peores. La reforma, a pesar del rechazo de las organizaciones sindicales, parece ser que se va a aprobar; ya ha pasado el trámite del Senado y, si nada indica lo contrario, a partir del 1 de enero se comenzará a aplicar», concluía.
