Aniversario de la Constitución de 1978: ¿Algo que celebrar?

Consejo Político Local de Izquierda Unida Ciudad Real.-  Decía Manuel Vázquez Montalbán que el resultado de la transición fue consecuencia de una correlación de debilidades, que la oposición democrática no consiguió la ruptura pero que el estado franquista tampoco pudo continuar su andadura sin transformarse.

Sin embargo, esta transacción de unos y de otros, casualmente paralela al mito franquista de la guerra fratricida sobre la Guerra Civil, esconde en realidad las deficiencias democráticas de nuestro estado y de la Constitución de 1978. ¿Por qué iba a ser bueno que la oposición democrática transigiese con la dictadura? Y sobre todo ¿Qué resultado podría tener sobre la naturaleza de nuestra democracia la imposición de algunas tesis del personal del régimen?

Pasado el tiempo no se puede achacar a la oposición democrática –sobre todo al PCE– no haber sido más exigentes. Al fin y al cabo luchó para ser legalizada y en las negociaciones pendía sobre ella el miedo a una regresión a la dictadura o a un golpe de estado –como finalmente ocurrió–. Y ya se sabe, con una pistola en la sien la negociación es poco democrática. Nadie pudo prever que las Cortes surgidas de las elecciones de junio de 1977 serían para crear una asamblea constituyente, pero así ocurrió.

El problema es que a esas elecciones la izquierda y concretamente el PCE concurrió tan sólo dos meses después de haber sido legalizado y teniendo que aceptar la figura del rey impuesto por Franco, amén de otras concesiones que lo debilitaron internamente. Pero no sólo eso, ninguna formación republicana, ni otras muchas formaciones de izquierda pudieron presentarse a las elecciones. Mención aparte merece al controvertida Ley electoral, que como se sabe no sólo infrarrepresenta a los partidos minoritarios, como se afirma de forma interesada, sino que reduce la representación de la izquierda por medio de la distribución de las circunscripciones.

Las grandes ciudades y las áreas más industrializadas y pobladas están proporcionalmente menos representadas que las zonas rurales y en general las más conservadoras. No en vano esta ley fue redactada por las autoridades de la dictadura antes de cualquier elección democrática, de hecho, lo menos malo que se puede decir de nuestra ley electoral es que es predemocrática. Una vez marcadas las cartas ley electoral mediante –en votos ganó la izquierda– fue fácil negociar la Constitución. UCD se encargó de que la comisión que la redactaba estuviese compuesta por una mayoría conservadora: Tres miembros de la UCD, uno de AP, uno del PSOE, uno del PCE y uno de CiU –todos hombres, por cierto, la Constitución tiene padres pero no madres– ¿Acaso UCD tuvo el triple de representación que el PSOE? Tampoco hemos de olvidar que la Constitución, por mucho que lo repitan los medios de comunicación, no fue de todos.

Los responsables de los artículos más conservadores, que más alejan a España del resto de los países de nuestro entorno, provienen de los padres de la Constitución más franquistas: Que se contemplase la pena de muerte en determinadas circunstancias, la mención expresa de la Iglesia Católica y de sus privilegios o la economía de mercado, son sólo algunas de las aportaciones de estos padres reaccionarios de la Constitución.

Tampoco podemos reprochar a la población de la época su voto a favor de esta constitución. Los partidos, incluida la mayoría de la izquierda, pidieron el voto a su favor y la Constitución se vendió como la única alternativa posible a la dictadura. La gente prefirió esta Constitución antes que la continuación de la dictadura. No obstante y pasados los años, el discurso laudatorio sobre el texto constitucional y la época de la transición en general no se sostiene. El déficit en inversión social del país tiene su origen en esta época. Como la baja inversión en educación y sanidad o el alto porcentaje del presupuesto estatal que se transfiere a las fuerzas armadas o a la Iglesia Católica.

A estas reflexiones hemos de añadir lo envejecida que quedó nuestra constitución en el verano de 2011 cuando, por un simple acuerdo entre el PSOE y el PP, se constitucionalizó que el pago de la deuda prima sobre la financiación de la educación y la sanidad pública, bases del estado social y de derecho que supuestamente es España de acuerdo con la propia carta magna.

Por ello en Izquierda Unida de Ciudad Real no celebramos el 35 aniversario de la Constitución de 1978, al contrario, llamamos a potenciar un proceso constituyente por una tercera república verdaderamente democrática, participativa y social como marco legal necesario para el ejercicio efectivo del derecho a la educación, a la salud, a una vivienda o al trabajo.