El Pleno de la Diputación ha aprobado esta mañana que se requiera a la vicepresidencia primera del Gobierno de Castilla-La Mancha que asuma definitivamente la gestión del Servicio de Atención Psiquiátrica “que indebidamente viene prestando” la institución provincial.
Se ha dado luz verde, con anterioridad, a una propuesta sobre adscripciones de puestos de trabajo a unidades en los Servicios Sanitarios Existenciales, un punto que el grupo popular, a través de la diputada provincial Lola Serna, que actúa de portavoz en asuntos de personal, ha pedido que se retire porque, según ha dicho, el asunto ha llegado a Pleno sin dictaminar porque entendía que se había generado una nueva propuesta.
Ante esta interpretación, el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, ha cedido la palabra la secretaría general, que ha manifestado que el expediente estaba concluso, que ha recibido el visto bueno de la secretaría general, y que sólo faltaba concretar una discordancia entre la propuesta del jefe del servicio y la del diputado de personal.
Entrado en el fondo del asunto Serna ha dicho que la principal conclusión que han sacado después de reunirse con todas las partes “es el conflicto que se va a generar entre todo el personal del psiquiátrico si se lleva adelante la modificación de la relación de puestos de trabajo”. Y ha asegurado que los trabajadores únicamente piden “que las órdenes se den por escrito”.
Ha apuntado, asimismo, Serna que los trabajadores quedan encuadrados dentro de la plantilla de los Servicios Sanitarios Asistenciales y que los puestos no se definen, por lo que ha vaticinado que se tendrá que producir otra modificación de la RPT para definir las funciones si se deja sin efecto la actual adscripción a los subservicios.
Por su parte, el vicepresidente José Fernando Sánchez Bódalo, que ha actuado como portavoz del grupo socialista, ha explicado que la propuesta consiste en suprimir los subservicios, con lo que se convierte de nuevo en un servicio global de la Diputación Provincial que atiende a enfermos mentales y que figura en el Catálogo Nacional de Hospitales en su página 45. Ha recordado que se prestan servicios en atención ambulatoria, larga estancia y media y ha añadido que se trata de un servicio en el que se atienden a enfermos.
Ha asegurado Sánchez-Bódalo que la supresión de unidades evitará que pueda haber conflictos, “porque eliminará todas las dificultades que hay para organizar un servicio”. Y ha querido dejar claro que un centro donde se trabaja los 365 días al año atendiendo a enfermos mentales no se puede concebir de otra manera si no es desde la estricta vertiente sanitaria. “Se logra flexibilidad y eficiencia, y se respetan los derechos consolidados por los trabajadores, únicamente se produce una división administrativa que evita agravios comparativos”, ha dicho.
Ha añadido Sánchez Bódalo que “el hospital psiquiátrico tiene que definir su futuro, pero en la actualidad, por una iniciativa del Gobierno de España, estamos abocados a que tiene que ser asumido inexcusablemente por la comunidad autónoma y tenemos que defender en bloque a los trabajadores, que tienen que ser asumidos en su integridad como plantilla sanitaria para que no haya sobrantes en el proceso de transferencias a la comunidad autónoma”.
El portavoz del grupo popular, David Marín, se ha preguntado por qué se exige ahora y no antes, “cuando la Junta estaba gobernada por el partido socialista”, la transferencia del psquiátrico al Gobierno regional. Ha calificado de “torticera” la propuesta y ha ironizado diciendo que “ahora les han entrado las prisas”. Ha precisado, no obstante, que un asunto de esta importancia requiere que haya “un acuerdo de voluntades”.
Sánchez-Bódalo ha contestado que están esperando respuesta desde hace 23 meses y ha preguntado por qué la Diputación de Toledo recibe 23 millones de euros de la Junta y la de Ciudad Real nada. En definitiva, atendiendo a las manifestaciones del vicepresidente, todas las diputaciones de la región han llegado a un acuerdo con la Junta excepto la de esta provincia.
“Pedimos el mismo trato que han tenido con la Diputación de Toledo, que se ha resuelto ahora. No vamos a permitir más demoras porque ha quedado claro que con esta Diputación no se quiere llegar a un acuerdo”, ha concluido Sánchez-Bódalo tras recordar que “en el plazo de cinco años inexorablemente la comunidad autónoma tiene que pagar los Servicios Sanitarios Asistenciales” según la ley vigente aprobada por el Estado.
En otro orden de cosas, el Pleno ha aprobado que se proceda a la firma de un convenio con la finalidad de impulsar los servicios bibliotecarios públicos en el ámbito de la provincia de Ciudad Real, mediante la colaboración entre la Diputación de Ciudad Real y la consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la mejora y actualización de las colecciones bibliográficas y documentales de las bibliotecas públicas municipales.
La consejería de Educación aportará a la institución provincial para el ejercicio de 2013 un total de 120.000 euros, que serán repartidos mediante convocatoria pública que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
También se ha facultado al presidente de la Diputación para la firma de un convenio que persigue conseguir una reducción en el gasto público, sin mermar la universalidad y la calidad de las prestaciones, tal y como marca la Agenda Digital para España, en el ámbito de la prestación de los servicios de administración electrónica que proporciona la Diputación de Ciudad Real y los entes locales de la provincia, a través de la implantación de infraestructuras TIC, sistemas de información y servicios asociados para incrementar la productividad y el servicio a la ciudadanía.
La Diputación de Ciudad Real se obliga a aportar la financiación del 20 por ciento del coste de las actuaciones previstas, mientras que “Red.es” financiará el 80 por ciento restante. Ambas partes definirán una Comisión de Seguimiento.
Y también se ha aprobado asumir, conforme al informe elaborado por la Gerencia de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el pago de 11.980’56 euros en concepto de pago de parte de los intereses generados por la deuda del extinto patronato, desde enero de 2011 hasta abril de 2013, fecha de liquidación final del 7 por ciento de la deuda que la Diputación de Ciudad Real se comprometió a asumir. Se consignará en los Presupuestos de 2014 la cantidad referida para el pago de los intereses.
Nos la meten doblada. Que sorpresa. La democracia funciona.