El Pleno del Ayuntamiento de Manzanares desestimó por unanimidad de los tres grupos políticos que lo conforman -PP, PSOE e IU- la reclamación presentada por la empresa Acciona Agua contra la modificación inicial de la ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua, alcantarillado y depuración, que quedó así aprobada definitivamente. Esta modificación consiste, según el contrato de adjudicación del servicio, en la actualización del precio del agua según el IPC. La empresa adjudicataria alega pérdidas, por lo que pedía mayor subida de las tarifas.
El equipo de gobierno del PP y el Grupo Socialista coincidieron en que todo lo relacionado con la concesión del servicio de agua está regulado en el contrato de adjudicación, por lo que la variación de las tarifas se hace de acuerdo al mismo, con la subida anual del IPC.
El concejal de Izquierda Unida, Santiago Sabariego, dijo desestimar las alegaciones por estar en contra de la concesión y porque la subida de tarifas que pide Acciona Agua iría a manos de la empresa, a diferencia de otras actualizaciones de tasas y precios públicos en los que las actualizaciones repercuten en las arcas municipales. El edil volvió a pedir que se rescinda el contrato de adjudicación del servicio municipal de aguas a Acciona “por incumplimiento contractual” y porque la calidad del servicio no se corresponde con lo comprometido.
Según expuso el propio Sabariego, Acciona Agua pretendía que se anulara la actualización del IPC y se iniciara un expediente para incrementar las tarifas “alegando desequilibrio económico financiero”. Al parecer, el coste del servicio supera los ingresos por la reducción del consumo y por la falta de pago del Ayuntamiento de Membrilla. “Todo lo argumentan con vender más agua, no tienen ningún interés en el bien común que es el agua y si pudieran vender el Acuífero 23, lo vendían”, añadió el edil de IU.
El tema del agua también protagonizó la moción presentada en este pleno por IU, aunque su urgencia fue rechazada por el Grupo Popular en base a un informe de Intervención y a que era similar a otra presentada el año pasado. Izquierda Unida pretendía incluir en la ordenanza en cuestión una disposición para que se bonifique el ahorro de agua en función de la reducción del consumo semestral.
El Grupo Socialista manifestó que la progresividad que ya establece la ordenanza fomenta el ahorro y el consumo responsable. Por su parte, el portavoz popular, Manuel Martín-Gaitero, leyó el informe de la Intervención Municipal que indica que lo pretendido por IU debería haberse presentado en el periodo de alegaciones a la modificación de la ordenanza y que de aprobarse precisaría de consignación presupuestaria para asumir el coste de esas bonificaciones.
Además de esa progresividad, Gaitero recordó que Manzanares tiene una de las tarifas de agua más baratas de la provincia y que esas bonificaciones que pretendía IU apenas supondrían unos céntimos, por lo que resultaría más costosa la trasferencia bancaria que el importe a devolver. Tampoco tendría sentido la fórmula semestral propuesta por Sabariego ya que en el segundo semestre siempre habría más consumo que en el primero al incluir el periodo de verano.
El pleno ordinario del mes de noviembre se resolvió en poco más de una hora y sirvió también para aprobar definitivamente otras nueve modificaciones de ordenanzas cuya aprobación inicial se hizo en el pleno del mes de septiembre. Por ello, al ser temas debatidos, el alcalde propuso realizar directamente la votación. En todos los casos se desestimaron las reclamaciones realizadas por Liberales e Independientes por Manzanares (LIM) y se aprobaron definitivamente las modificaciones con los votos a favor de los concejales del PP y el de IU, y con los votos en contra de los ediles del PSOE.
Estas ordenanzas son las de las tasas por recogida de residuos sólidos urbanos; de cementerio; por instalación de mesas y sillas; por entrada de vehículos a través de las aceras y otras utilizaciones privativas del dominio público; por puestos, barracas, casetas de venta, atracciones y rodaje cinematográfico; y por ocupación con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, andamios y otras instalaciones análogas; así como las ordenanzas las reguladoras del precio público por cursos y seminarios de la Universidad Popular; por el servicio de mercado; y del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
