La alcaldesa de Puertollano niega que los informes de los funcionarios imputados por las obras fueran realizados al dictado político

La alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, ha negado esta mañana que los informes de los funcionarios imputados por presuntas irregularidades en el proceso administrativo de las obras de la plaza de toros fueran realizados al dictado político. En este sentido, Fernández ha rechazado «formar un juicio paralelo» y ha insistido en que debe ser el juez quien determine la naturaleza de los hechos.

La alcaldesa ha convocado una comparecencia improvisada ante los medios de comunicación para informar sobre el proceso judicial que afecta a los dos funcionarios del Ayuntamiento en relación con las irregularidades detectadas en el proceso administrativo de las obras de la plaza de toros. Así, ha recordado que el secretario accidental del Consistorio, Juan Luis Vázquez Calvo, y un arquitecto técnico municipal han sido citados a declarar ante los juzgados de la ciudad minera en calidad de imputados. Los hechos encausados se refieren a un informe jurídico y otro técnico emitidos en fecha de 14 de enero y 5 de mayo de 2008, y relativos a la cimentación, graderío y barras de las obras de la Plaza de Toros.

Fernández ha confirmado asimismo que la investigación se corresponden con el informe de la  Sindicatura de Cuentas que detectara incumplimiento de la Ley en el procedimiento de las obras del Coso Polivalente (Plaza de Toros), obra ejecutada por Navarro Piquer. En este contexto, y analizada la documentación de los 69 expedientes de justificación de gasto del contrato de obra de cimentación, graderío y barrera (que contó con un presupuesto de 1.537.467,98 euros), la Sindicatura de Cuentas considera que no se dan los requisitos legales exigidos por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, “por lo que se ha producido un fraccionamiento del contrato”, es decir, una partición de cantidades que podría implicar la elusión de los requisitos de publicidad y libre concurrencia.

En este sentido, el síndico considera que “la administración ha procedido a la adquisición de materiales, alquiler de maquinaria y adjudicación de partidas independientes de obra que no son susceptibles de destino independiente al uso público”.

La alcaldesa rechaza un «juicio paralelo»

Tras negar que los informes de los funcionarios fueran realizados al dictado político, Fernández ha rechazado «formar un juicio paralelo» y ha insistido en que debe ser el juez quien determine la naturaleza de los hechos. «En todo caso», ha asegurado, «el equipo de Gobierno se ha limitado a consultar a los técnicos sobre cuál es el mejor proceso para la realización de la obra». «Yo no fui partícipe de las instrucciones, pero pienso que la única instrucción política sería la de hacer la obra, y luego el procedimiento sería estudiado por los técnicos en base a sus conocimientos y la legalidad; de hecho nosotros confiamos en que así lo hicieron, basándose en la legalidad».

Según la alcaldesa, «es difícil hablar de cuestiones particulares que afectan a estos técnicos cuando lo que se pone en riesgo es su carrera profesional». En este sentido, ha pedido «respeto y prudencia», ya que no estamos hablando de ningún órgano de Gobierno, sino de dos informes de dos funcionarios, y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario». Además, Fernández ha descartado que el proceso judicial involucre a políticos conforme las investigaciones avancen. «No tenemos que ocultar nada, de lo que se trata únicamente es de dilucidar si los informes están bien hechos, y quien lo tiene que determinar no soy yo».

«En qué cabeza cabe que no tuviera conocimiento del caso»

«Aquí se está hablando de informes relativos exclusivamente al ámbito técnico», ha subrayado la regidora puertollanense quien, a pesar de que dijo en un primer momento que no tenía conocimiento oficial del asunto, ha negado que se expresara en esos términos. «Yo no he dicho eso, en qué cabeza cabe que yo no tuviera conocimiento, se han usado frases que yo no he dicho; lo que he dicho ha sido que no me compete a mí directamente la explicación de esos informes, y sí únicamente a quienes los han elaborado».

Mayte Fernández ha advertido de que habrá que esperar las conclusiones de la Justicia para certificar que existe prevaricación y ha subrayado que la imputación de los funcionarios no implica que sean culpables y sólo significa que estarán más protegidos jurídicamente en su defensa. De hecho, la alcaldesa ha apuntado a la imputación de «más técnicos y políticos de la oposición» en otros casos: «se han producido imputaciones de otros técnicos e incluso de algún político de la oposición, pero eso no significaba que fueran a ser condenados, sino que tienen su derecho a defenderse».

Fernández, quien ha aclarado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están «protegiendo y defendiendo» a los funcionarios investigados, ha insistido en que todas las decisiones que se toman en el ámbito municipal «se sostienen en los informes que realizan los técnicos de la casa, y nosotros tenemos la obligación de confiar diariamente en esos informes y en el criterio de los técnicos municipales, porque de lo que menos sabemos, aunque al final acabas aprendiendo, es de procedimientos administrativos o de leyes como la Ley general de contratos».

En este sentido, ha reseñado que el Ayuntamiento conforma mesas de contratación «incluso para los procesos que no marca la ley» para «garantizar el  máximo grado de transparencia», y además se invita a los grupos de la oposición «a todas las adjudicaciones».

Respecto a las consecuencias de este proceso en las relaciones entre equipo de Gobierno e Izquierda Unida, formación que ha revelado las investigaciones, la alcaldesa ha reconocido que IU «tiene que hacer su trabajo de oposición», aunque ha asegurado que la relación con los grupos municipales «debe seguir en la misma línea que hasta ahora, hablando ellos para llegar a acuerdos de gobierno».  No obstante, ha reprochado a IU que no tuviera «un poquito más de paciencia» a la hora de denunciar públicamente el caso «ya que saben que he asumido un compromiso de diálogo y de compartir información».

Obras denunciadas por la Sindicatura de Cuentas

Las obras de la plaza de toros ya fueron denunciadas el pasado mes de febrero por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. En aquel informe, el síndico detectó irregularidades e incumplimientos normativos en las grandes obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Puertollano durante su particular boom del ladrillo, el periodo 2008-2010. Según se desprende del informe de fiscalización, el Consistorio puertollanense no se ajustó a la ley en muchas de las grandes obras de la época.

Especialmente relevantes son las apreciaciones de la Sindicatura a los proyectos del Centro de Especialidades Deportivas, campo de fútbol Ciudad de Puertollano (nuevo Cerrú), glorieta Virgen de Gracia o Coso Polivalente (Plaza de Toros). De hecho, el informe del órgano fiscalizador describe un patrón continuo de incumplimientos y deficiencias bajo un mismo denominador: la empresa Navarro Piquer consta como contratista o adjudicataria, en solitario o asociada en UTE (Unión Temporal de Empresas) en la mayoría de los proyectos fiscalizados.