Ni golpe de estado ni pucherazo

Manuel Valero.- No, no es un pucherazo, ni un golpe de estado a la democracia -¡¡por Dios!!- ni nada que se le parezca. En política, mejor dicho, los políticos suelen utilizar el trazo grueso en la jerga de la refriega diaria a propósito de un asunto de actualidad. En este caso, la reducción a la mitad del Parlamento autonómico.

Son muy respetables las opiniones que sostienen que el PP ha utilizado la imagen de la austeridad institucional para darle un buen tajo al cupo de señorías que deben representar a los ciudadanos para beneficio propio a rebufo del descreimiento general de la clase política en estos tiempos duros, y por supuesto, es respetabilísima la opinión- yo la comparto- de que normas de ese calado, como el Estatuto o la Ley Electoral, que fija las reglas de juego merecen un buen consenso llegado el momento de mejorarla para que esa representatividad sea más amplia y refleje con mayor nitidez la foto fija de la sociedad.

Pero una cosa es esto y otra la cadena de declaraciones obesas contra el proceso parlamentario que ha experimentado la propuesta del PP, desde las Cortes regionales hasta el Congreso de los Diputados. Nada de lo que sale de un Parlamento, absolutamente nada, es desde la razón y la lógica política calificable como un ataque a una democracia civilizada, o de pucherazo o de golpe de estado… ¡nada más y nada menos!. Calificar de ese modo una ley, una norma, una propuesta que fija su legitimidad y su legalidad en el voto mayoritario de una Cámara elegida es un oximoron como la catedral de Toledo donde reside precisamente el sancta santorum de la soberanía regional.

La democracia es el juego de la mayoría y una democracia casi perfecta es la que aborda asuntos esenciales desde la negociación, el acuerdo y el consenso, como el que habido para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que en asunto de jueces anda presta la comanda. La raíz del problema es la propia Ley Electoral, la grande que otorga a los nacionalistas un poder sobreacentuado que luego ejercen sobreactuando, y las leyes chicas regionales, como la de Castilla-La Mancha, redactada para consolidar mayorías absolutas de consuno entre socialistas y populares, y dejando fuera de las Cortes, otras fuerzas políticas, como es el caso de IU o UPyD por citar a los otros dos grandes partidos pequeños (en representatividad).

Curiosamente, IU llegó a tener representación en la Cortes de Castilla-La Mancha hasta que el PSOE dividió sus filas, alimentó la escisión con la aparición de un partido flor de un día llamado Nueva Izquierda cuyos representantes acabaron con armas, bagaje, cargos y sueldos, en la amplia, generosa y muelle Administración socialista.

La circunscrupción, el suelo mínimo para entrar en la cámara, las provincias pares, las lista cerradas. la aplicación rigurosa de la Ley D, Hondt, han sido desafueros de una norma letal para una representatividad más amplia pero legal en cuanto a las formas. Ése es el verdadero problema. Ahora el PP varió el Estatuto y en consecuencia la Ley Electoral para reducir plantilla representativa con el argumento del gasto público.

El disenso, la confrontación, la dialéctica política son necesarias e imprescindibles en una democracia parlamentaria, pero de ahí al rifirrafe al que se nos tiene acostumbrado de la frase rimbombante, el mensaje de partido, la punzada gorda del pucherazo o el golpe de estado es un dislate. Y no saldrían bien parados quienes hoy califican frívolamente de pucherazo lo que ha bendecido el Parlamento, si hacemos un rastreo histórico por los remiendos hechos a la ley electoral autonómica.

Refórmense de verdad las leyes electorales para que haya una verdadera fluidez institucional y una representatividad y pluralidad más pura, vale, pero déjense de estampar frases de dudoso gusto democrático. Es una tarea casi imposible en un país poco acostumbrado al consenso de Estado en las grandes materias, pero cuanto mayor es el volumen de las invectivas más a las claras queda patente que los verdaderos intereses que se defienden son los de partido, no los institucionales o los generales.