Eusebio Gª del Castillo Jerez.– El Caso Bárcenas centraba la recta final de las Jornadas sobre Corrupción y Democracia que se celebraban en la tarde de ayer en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. Enrique Santiago, uno de los abogados de Izquierda Unida en el caso de extesorero del PP, destacaba «la absoluta impunidad de los crímenes económicos que se han cometido en este país en los últimos años».
Como explicaba el abogado de IU, «el sistema de pago de comisiones de grandes empresas al Partido Popular aparece en los papeles de Bárcenas y se extiende a la financiación de las elecciones generales que llevaron a Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno».
«Desde nuestro punto de vista -añadía-, son muchos los delitos que se ponen de manifiesto; criterio que ha sido compartido por la Audiencia Nacional cuando admite a trámite nuestra querella por todos los delitos que formulamos en ese momento. Esa trama revela que el Partido Popular ha venido compitiendo en las distintas elecciones infringiendo sistemáticamente la Ley General Electoral y la Ley de Financiación de Partidos Políticos, respecto al gasto aplicado a la campaña electoral. Desgraciadamente, en nuestro país no existe una legislación férrea para combatir las irregularidades en materia de financiación de partidos políticos. La ley establece únicamente sanciones administrativas».
Enrique Santiago cuestionaba la operatividad de los actuales órganos de control de la transparencia de los partidos políticos «cuando el propio presidente del Tribunal de Cuentas, que es el órgano encargado de esa gestión, aparece en esos papeles de Bárcenas como donante al Partido Popular».
El abogado de IU se refería a los problemas que se han encontrado en la instrucción del Caso Bárcenas. «En primer lugar, la Fiscalía, que no judicializó nunca los papeles de Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción practicó diligencias sin judicializar la causa, con lo cual en ningún momento se interrumpió la prescripción y, según nuestros cálculos, eso ha permitido que prescriban delitos derivados del pago de 330.000 euros en comisiones en 2003. Y, en segundo lugar, la absoluta laxitud del Código Penal a la hora de combatir este tipo de crímenes». Enrique Santiago apuntaba que la mayor condena de cárcel que establece el Código Penal para este tipo de delitos es de seis años de cárcel, únicamente en caso de cohecho y con la condena en su grado máximo. «Para la prevaricación la pena de cárcel prácticamente no existe; estableciéndose penas, en la mayoría de los casos, de inhabilitación. Por tanto, éste no es un mecanismo eficaz para combatir estos delitos. Y mucho nos tememos que con la reforma del Código Penal todo va a quedar igual porque la línea sigue siendo la misma: criminalizar la protesta social y seguir manteniendo unos tipos penales realmente laxos respecto a delitos económicos que afectan a la inmensa mayoría de la sociedad española», concluía.
IU satisfecha con la acogida de las jornadas
Respecto al desarrollo de las jornadas, Jorge Fernández Morales, secretario Organización IU de Ciudad Real, señalaba que, además del Caso Bárcenas, «hemos tenido unas jornadas muy interesantes que pretenden abrir una reflexión seria sobre la corrupción estructural que sufrimos y con las que pretendemos extender un debate que ya está en la calle pero que parece no estar tan arraigado en las instituciones. La mejor manera de afrontar este fenómeno es ir a la raíz del problema».
Destacaba Fernández la asistencia de público y avanzaba que su formación abordará iniciativas similares. «Seguiremos en esta línea haciendo nuevas jornadas y debates en el seno de la Universidad y, en general, en toda la ciudad».
