El concejal Juan Fernando Ruiz ha exigido, en nombre del Grupo Municipal Socialista y en relación a la sentencia de nulidad de los despidos de diez trabajadores del Ayuntamiento de Ciudad Real, responsabilidades «por la negligencia cometida y por las graves consecuencias que esta tendrá», además de la dimisión de Fátima de la Flor, concejala de Recursos Humanos. Ruiz hacía referencia en rueda de prensa a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, preguntándose por su papel en este caso.
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha ofrecido la valoración que le merece la sentencia de fecha 4 de octubre de 2013, en la que se dictamina a favor de la reclamación interpuesta por diez funcionarios interinos, de los treinta trabajadores despedidos a finales de Junio de 2012, escudándose el equipo de gobierno y Rosa Romero en el obligado cumplimiento del Plan de Ajuste que ellos mismos se otorgaron. Los trabajadores demandaban la nulidad de dicho despido.
A juicio del grupo socialista, la sentencia es «rotunda» en sus conclusiones al señalar como argumentos de defensa, “que las comunicaciones carecen de la más mínima falta de motivación, sin indicar si la plaza había sido cubierta por un titular, si era suprimida o había desaparecido la necesidad de cubrirla, explicitando en ese caso el nombre del titular que la ha ocupado, la resolución por la que se suprime o amortiza, modificando así la RPT, o las razones por las que ya no es necesaria y urgente la cobertura interina”, sic.
Según ha dado a conocer Juan Fernando Ruiz, responsable de los asuntos relativos a recursos humanos dentro del GMS, también argumenta la sentencia que “no existe la más mínima explicación de cuál es el motivo y la causa que autoriza al ayuntamiento a poner fin a sus contratos, faltando asimismo la competencia del concejal que dicta el acto, ni siquiera se adopta la forma jurídica de decreto como fórmula prevista en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Es claramente un acto insuficiente, con nula motivación y que genera indefensión y determina nulidad”.
La sentencia condena al ayuntamiento a reintegrarlos en sus puestos de trabajo hasta que se produzca una causa legal de cese, así como a abonarles las retribuciones dejadas de percibir, e impone las costas a la parte demandada.
Con todo ello, Ruiz denunciaba una vez más, que la transparencia en la gestión de Rosa Romero “ha brillado por su ausencia”. Ha dicho que su grupo no ha recibido información alguna sobre este hecho, pese a haber reclamado conocer tanto la sentencia como las medidas a adoptar por el Ayuntamiento respecto al caso. “La promesa que el Director General me hizo de poner a nuestra disposición los datos reclamados, incluso sin necesidad plantear una reclamación oficial a tal efecto, aún no se ha cumplido”.
El Grupo Socialista, ha recordado, advirtió e informó en su día a todos los ciudadanos de las consecuencias que tendría la aplicación de ese Plan de Ajuste impuesto por el deficitario estado en el que se encuentran las arcas municipales. “Ya nos temíamos que las medidas pasarían por despedir a trabajadores para conseguir el cumplimiento del Plan, y poder así maquillar los datos mejorados en el presupuesto del 2012, tal y como finalmente ha sucedido”.
Para el concejal, la sentencia “le saca los colores a nuestra Alcaldesa y a la Concejal responsable del área de RRHH, Doña Fátima de la Flor y le supone al Ayuntamiento un coste inmediato de unos 200.000 euros en el pago de la compensación salarial, más las costas procesales derivadas del juicio”.
Además, se preguntaba si recurrirá el Ayuntamiento la sentencia, considerando que no debería, puesto que el dictamen judicial es rotundo y hacerlo incrementaría los costes del proceso, aún sabiendo que no hacerlo es reconocer “el tremendo error cometido”.
A partir de lo relatado, el Grupo Socialista se cuestiona si habrá que practicar nuevos despidos en la plantilla o si se readmitirá a estos trabajadores con la intención de despedirlos con posterioridad, intentando argumentar correctamente el despido, lo que supondría iniciar un nuevo proceso legal con las consecuencias que conllevaría “y serían nuevos despidos a contabilizar en el “debe” de Rosa Romero para con sus trabajadores”.
Cuestionaba además otros dos hechos. En primer lugar, que precisamente una de las Direcciones Generales que el Gobierno del PP mantiene, es la que se ocupa del área de personal; y en segundo lugar, los dos asesoramientos jurídicos de los que el Ayuntamiento de Ciudad Real dispone: el interno, como servicios jurídicos del propio Ayuntamiento, y otro externo, contratado por Rosa Romero para garantizar la seguridad jurídica de cuantas cuestiones surjan en el consistorio “al menos éste, y no otros intereses deberían justificar los más de 70.000 euros anuales que el Ayuntamiento destina a este fin a costa del bolsillo de los ciudadanos”.
Siendo así, inquiría el edil cómo todos estos servicios técnicos y jurídicos han permitido que se produzca una situación tan negligente o si es que no se han consultado rigurosamente estos “filtros de asesoramiento”.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista “ejerciendo la labor de oposición responsable”, ha manifestado Juan Ruiz, exige responsabilidades por la actuación negligente de Doña Fátima de la Flor, como responsable directa del departamento de Recursos Humanos y de Doña Rosa Romero, como máxima responsable de este Ayuntamiento.
Por eso, “considerando la importancia y la gravedad de este asunto y teniendo presente la opacidad mostrada por el equipo de gobierno en la información facilitada”, anunció que, haciendo uso del reglamento Orgánico de Pleno vigente, y en concreto de su artículo 90, solicitarán la comparecencia en el próximo Pleno de noviembre de la Concejal de RRHH, Doña Fátima de la Flor, para que dé las explicaciones pertinentes sobre la responsabilidad de lo sucedido y las consecuencias que esta situación provocará en el ayuntamiento, sin perjuicio de tomar otras medidas posteriores. “No exigimos con esta comparecencia una explicación técnica o jurídica, porque la sentencia es clara y contundente, exigimos una respuesta política de la responsable del área, tanto en lo que se refiere a los hechos como a las consecuencias que la sentencia tendrá tanto para los trabajadores como para los ciudadanos”.
