CSI·F denuncia una vez más «la proliferación de asesores en las distintas administraciones públicas, cuyo gasto se ha incrementado por encima del 8% mientras la masa salarial de empleados públicos descendió un 4%». El sindicato pide la creación de registros nacionales y autonómicos de asesores y personal de confianza.
CSI·F considera un «escándalo injustificado» que aumente la asignación para asesores mientras disminuye, año tras año, la de los empleados públicos. El sindicato calcula que en todas las administraciones públicas españolas puede haber en torno a 20.000 asesores.
CSI·F aclarar que «no es lo mismo ser personal funcionario, estatutario o laboral que han tenido que pasar exámenes u oposiciones bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que ser asesor o personal eventual, que muchas veces entra, no por criterios objetivos, sino por razones de afinidad política o parentesco familiar, sin ningún tipo de prueba selectiva».
En los nueve primeros meses del 2013 se ha incrementado el gasto del personal eventual de todos los ministerios en 2,1 millones, respecto al mismo período del año pasado, es decir, un incremento de un 8%.
El sindicato independiente indica que «existe cierta transparencia en el Gobierno Central (en el Presupuesto de 2014 se reflejan 23 millones de euros y un máximo de 644 asesores), mientras existe una opacidad absoluta en las administraciones autonómicas, ayuntamientos y diputaciones, amén de empresas públicas y otros organismos».
Sueldos de 3.000 euros
Además, CSI·F denuncia que en 2014 «el Gobierno ha previsto subir el gasto en productividad para que se pueda repartir más sueldo entre estos altos niveles, muchos de los cuales –aparte de casos verdaderamente escandalosos- superan los 3.000 euros mensuales». El sindicato critica una política que «aplica brutales recortes a los empleados públicos mientras la tan citada austeridad no toca, ni de lejos, a políticos y arribistas de todo signo».
CSI·F pide la creación de un Registro de Asesores y personal eventual, tanto a nivel nacional como autonómico, para saber cuántos y quiénes son, dónde están, cuánto cobran, qué horario tienen y qué asesoran.
CSI·F insiste en que «este tema debe estar regulado y que las administraciones no deben llenarse de cargos a dedos ni convertirse en una oficina de colocación de familiares y amigos». Además, CSI·F pide que los puestos de asesoramiento técnico y dictamen sean ejercidos por empleados públicos para garantizar la neutralidad y la eficiencia de las instituciones.
