El grupo municipal socialistas en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha acusado al teniente de alcalde, Ángel Puente, de «presunto tráfico de influencias» en la actuación del concejal en el proceso de tramitación y adjudicación de la Parcelas de la IV Fase del Polígono Alces.
Gonzalo Redondo, en nombre del Grupo Municipal Socialista, afirmó que su grupo se posiciona a favor de fomentar la inversión en la localidad y la instalación de nuevos empresarios, pero no tolerarán que «Puente actué a sus anchas, vulnerando la ley, y utilizando su posición como teniente de alcalde para favorecer a terceros enmascarando el presunto tráfico de influencias con los 3.800 desempleados».
Redondo explicó que la actuación «sospechosa» de Puente se circunscribe en el proceso de adjudicación gratuita de una parcela de la IV Fase del Polígono Alces a un empresario de la localidad. Dichas parcelas fueron cedidas en 2008 por la Junta para la ejecución de la parte no lucrativa del parque tecnológico y empresarial, así como la construcción del Centro de Experimentación y demostración de la TDT en Castilla La Mancha.
El empresario en cuestión había tramitado la licencia de actividad y demás requisitos legales para instalarse en otra ubicación “no gratuita” de la localidad, hasta que el pasado 5 de agosto solicitó la paralización de la tramitación de dicho expediente. «Dicho empresario solicitó por escrito al alcalde la adjudicación de estos terrenos en la IV Fase del polígono Alces el pasado 9 de septiembre, y es el 10 de septiembre cuando la Junta de Gobierno Local decide poner en marcha un concurso para establecer un derecho de superficie sobre la parcela de titularidad municipal, el cual tuvo su acto final de adjudicación el pasado 11 de Octubre», relatan los socialistas.
Según Redondo, «el empresario realizó diferentes trámites el pasado 18 de Septiembre, solicitud de cambio de emplazamiento, solicitud de licencia de actividad y apertura, etc., antes de que fuese público en el BOP el Anuncio de Licitación de la Concesión del derecho de superficie el pasado 25 de Septiembre».
Para los socialistas, «Puente ha intervenido de principio a fin en todo el proceso, ha convivido y convenido con el empresario sobre los pasos a dar en toda la tramitación del expediente, hasta el punto que la adjudicación definitiva de los terrenos se hiciera con el único voto a favor de Puente en la mesa de contratación del pasado 11 de octubre». “Es llamativo que el equipo de gobierno dejará sólo a Puente en la adjudicación gratuita de estos terrenos”, señala.
Los socialistas, representandos en la mesa de contratación por Redondo, votaron en contra de dicha adjudicación «por dudas jurídicas sobre diversas clausulas incluidas en el pliego para constituir el derecho sobre los terrenos».
Según Redondo «es muy grave lo que acabamos de vivir en nuestro ayuntamiento, Puente supuestamente ha teledirigido de principio a fin la adjudicación de estos terrenos, se conocía el proyecto mejor que el empresario, supuestamente le transmitió información privilegiada para que éste se anticipará al inicio del concurso de licitación, y le adjudicó en solitario los mismos».
Los socialistas pondrán este caso en manos de la Justicia «para que estudie el presunto tráfico de influencias de Puente para favorecer a un determinado empresario».
Puente: «Al PSOE no le gusta que vengan empresas a crear empleo y no tiene otra cosa que hacer que ir a los tribunales por cualquier tontería»
Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ángel Puente, ha salido al paso del anuncio del PSOE de la nueva denuncia.
Según indicó el portavoz, el PSOE de Alcázar está demostrando un desmesurado interés por dar trabajo a los tribunales, haciéndose fotos a las puertas de los juzgados para desacreditar al equipo de Gobierno, y ello pese a que después sus denuncias quedan archivadas, como ha ocurrido recientemente con la presentada por la presunta contratación de personas próximas al PP para diferentes servicios.
Sobre la nueva denuncia, Puente afirmó que él mismo animó a que se denunciara si se creía que había algo irregular. Sin embargo, explicó que aún no se le ha adjudicado al empresario en cuestión ninguna parcela, dado que este procedimiento se encuentra aún en periodo de exposición pública sin que, además, el PSOE haya presentado aún ninguna alegación; ni tampoco están aún elaborados los informes técnicos preceptivos para dar luz verde a la adjudicación.
Asimismo, señaló que en la Mesa de Contratación, donde el Grupo Socialista está representado, ya se explicaron todas las cuestiones técnicas por las que se preguntaron y destacó que la empresa interesada en instalarse en la cuarta fase del Polígono Alces se dedica al I+D+i, como está establecido para las empresas que quieran instalarse en esta zona, por lo que cumple con todos los requisitos.
Puente subrayó también que esta empresa, cuyo propietario es alcazareño, iba a instalarse fuera de la localidad, pero se interesó por el suelo industrial de Alcázar, lo que será beneficioso para la ciudad en materia de creación de puestos de trabajo. “Resulta curioso que el PSOE, siempre que una empresa quiere crear empleo en Alcázar, se dedica a amenazar con denuncias y a poner todas las trabas posibles para que eso no suceda”, indicó Puente, que añadió: “al PSOE no le gusta que vengan empresas a crear empleo y no tiene otra cosa que hacer que ir a los tribunales por cualquier tontería”.
En este sentido, el portavoz municipal aseguró que, como ha ocurrido otras veces, acudirá sin problema cuando se le cite con toda la documentación pertinente para demostrar que no existe nada irregular, aunque lamentó que el PSOE se empeñe en sacar a los concejales de su puesto de trabajo para tener que acudir al juzgado por denuncias que “anuncian a bombo y platillo para conseguir un titular, aunque un tiempo después el titular es que se archivan sus denuncias”.
“Sólo están en querer colapsar la administración; por eso decimos que es la oposición más desleal que se puede tener, ya que no asimilan que han perdido y eso les lleva a hacer estas tonterías”, concluyó.
El PSOE de Alcázar sabe de lo que habla. No en vano han gobernado el Ayuntamiento de la localidad muchísimos años. La actuación del PP en este caso huele a chapuza y casi seguro que es denunciable. El problema es que este asunto es común en el municipio de Alcázar de San Juan, en el de Ciudad Real o en el que cualquiera pueda imaginarse y acertar.
Entramos de lleno en el asunto de la corrupción en las administraciones españolas. La inmensa mayoría actúan de acuerdo a los mismos patrones. Igual si gobierna el PSOE el PP o cualqueir otro, IU, CIU, etc.
Todo Ayuntamiento (extiéndase a cualqueir administración) tiene un INTERVENTOR con amplísimas facultades de control de los procedimientos (su adecuación a la legalidad). Si el interventor detecta una irregularidad y, pongamos por caso, detiene el procedimiento, se inicia un proceso que puede ser muy largo en el que se trata de buscar acomodo a la legalidad mediante la negociación de los cargos políticos,los técnicos y el Interventor. Si dura mucho -y podría durar-, incluso el objeto mismo del procedimiento podría llegar a caducar (Imaginemos que el empresario se cansa y se busca otro sitio para inveertir, o ha cambiado la ley aplicable, o ha cambiado el interventor). Es decir, ¿Merece la pena pervertir la legalidad en función del fin? Unos considerarán que sí y otros que no.
Por ello, creo que el problema está en la organización de la Administración. Ya puede Montoro recortar moscosos, congelar sueldos o brindar al sol. El problema de la Administración es el sinfín de trámites burocráticos que pervierten la función administrativa en una doble dirección:
Si se es muy escrupuloso con la norma se pueden perder -además de tiempo- oportunidades. Pero si los políticos, como parece que hace el concejal Puente, se ponen la norma por montera, pasando del interventor entraríamos de lleno en el turbio terreno de la corrupción.
Si hay solución a este asunto, ésta debe pasar por interventores independientes del poder político (hasta ahora, en muchos pueblos los interventores son interinos y pagados generosamente por los Ayuntamientos)y establecer sistemas de controles más sencillos y con efectos rápidos y contundentes. No más controles (trámites)sino mejores.
Amén, el tráfico de influencias y el enchufismo es moneda corriente en todas las administraciones y en los ayuntamientos es lo habitual y se encuentran incursos en delitos y los interventores y secretarios de que hablas pues la mayoría son tambien nombrados a dedo sin pasar en muchos casos por la habilitación de caracter estatal que se exige para su nombramiento. En cualquier caso el Psoe sabe tanto como el PP de clientelismo y enchufismo.
Que hable Bódalo de estos temas es para llorar que bajo hemos caído.