El Ayuntamiento de Manzanares aprobó este martes en el pleno municipal ordinario del mes de octubre el expediente de contratación de la concesión de la gestión del servicio público de estacionamiento limitado en vías públicas de la ciudad. Según los pliegos, la adjudicación de la zona azul se hará para ocho años, prorrogables a dos más.
Esta temporalidad hizo que el PSOE votara en contra, aunque su portavoz, Julián Nieva, dejó clara la posición de su grupo favorable a la zona azul, mientras que el edil de IU mantuvo su postura en contra. En la misma sesión, que se prolongó durante tres horas y media, se modificó la ordenanza de servicios sociales para adaptarla a la normativa regional y se aprobaron los precios de utilización de la nueva báscula municipal.
La corporación debatió durante más de cuarenta minutos sobre el expediente de contratación de la gestión de la zona azul, que incluye el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas para su contratación por procedimiento abierto. Salió adelante con los votos de los nueve concejales del equipo de gobierno del PP.
Según Izquierda Unida, la estimación de una recaudación de 185.000 euros anuales supone una ocupación bajísima de las plazas que no haría necesaria la zona azul. Su concejal, Santiago Sabariego, animó a la ciudadanía a intentar parar “este despropósito que no tiene sentido en Manzanares”. El portavoz socialista, Julián Nieva, volvió a exponer su postura favorable a la zona azul, pero indicó que un plazo de ocho años más dos de prórroga es un periodo “excesivamente largo para un servicio que no es esencial”, motivo por el que su grupo votó en contra. Además pidió que el canon que se recaude se dedique a un plan de empleo.
El portavoz del equipo de gobierno, Manuel Martín-Gaitero dijo que no se puede volver a los escraches ni a los acosos personales -en alusión a los que sufrió el anterior alcalde con la primera experiencia de zona azul- y recordó a Sabariego que la ciudadanía ya se manifestó y tras un mes de “run run” la mayoría la aceptó. “Ojalá se hubiera mantenido”, indicó el edil, que contestó al PSOE que el plazo establecido va en línea con los de otras poblaciones y pretende asegurar al adjudicatario una tranquilidad y seguridad para la inversión que necesita hacer. En cuanto al destino del canon dijo que será según necesidades del ayuntamiento, con mejoras duraderas en infraestructuras “no como ocurrió con el del agua”, agregó.
Al respecto, el alcalde recordó su compromiso de que en función de cómo termine el año económicamente se hará un plan de empleo y lamentó que finalmente el Grupo Socialista no esté junto al equipo de gobierno en la aprobación de este expediente, tal y como López de la Manzanara dijo haber anticipado a sus compañeros de grupo.
Otro asunto que generó más de media hora de debate fue la aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por prestación de determinados servicios sociales, relacionada con la ayuda a domicilio para adoptar su texto a lo dispuesto al respecto por el Decreto 30/2013 de régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria en Castilla-La Mancha. Con esta modificación, aprobada con los únicos votos a favor del Grupo Popular, se establece además que la Junta de Gobierno Local valore las situaciones excepcionales de necesidad económica con el fin de que la cuota mínima establecida de 20 euros mensuales no suponga la imposibilidad de recibir el servicio. En estos casos, se reducirá la cuota mensual hasta un mínimo de cero euros.
Para Izquierda Unida no estaba claro en qué medida repercutía la medida y anunció que cotejará los datos en el plazo de exposición pública. El Grupo Socialista insistió en que esta modificación supone subidas por encima del 600% y que condena a muchas personas a renunciar al servicio
La concejal de Bienestar Social, Rebeca Sánchez-Maroto, explicó en la sesión que para el mantenimiento y la calidad del servicio es imprescindible que se gestione con responsabilidad y que se participe según los criterios objetivos de la la renta y patrimonio del beneficiario. Puso ejemplos de usuarios que con un saldo bancario de más de 100.000 euros pagaban 7 euros al mes y ahora aportarán 55. Añadió que hay un centenar de beneficiarios de la ayuda a domicilio de los que el 70% subvenciona la Junta de Comunidades y el resto el Ayuntamiento con recursos propios. “Ese esfuerzo hace que a día de hoy no tengamos ningún caso de urgencia social desatendido”, informó la edil, que recordó que con anteriores corporaciones no se prestaba ni una hora que no estuviera subvencionada.
Sánchez-Maroto destacó que, previo informe social “objetivo y técnico”, la Junta de Gobierno podrá reducir la cuota mínima. También adelantó que del centenar de usuarios se valorará la situación de cinco para aplicar esta reducción y que, lejos de lo augurado por Nieva, únicamente han solicitado la baja seis beneficiarios “por desacuerdo con la medida, no porque no pudieran afrontar el coste”, por lo que pidió a la oposición que no haga demagogia e insistió en que el estado del bienestar no debe entenderse como el estado del despilfarro y del todo gratis.
El alcalde, por último, como ya anunció un mes antes, dijo que nadie que no pueda pagar se quedará sin servicio.
El otro expediente tratado en el pleno fue de establecimiento y ordenación del precio público por el servicio de pesado en la nueva báscula municipal que se pondrá en marcha en el nuevo punto limpio construido en el Polígono Industrial, que salió adelante por unanimidad de los tres grupos. Tendrá un precio público de un euro por pesaje de hasta 5.000 kilos de peso bruto. Para pesajes de entre 5.000 y 30.000 kilos habrá que abonar 2 euros y para más de 30.000 kilos el precio será de 3 euros.
El pleno aprobó también por unanimidad rectificación del inventario municipal de bienes a 31 de diciembre de 2012, quedó enterado de un escrito de agradecimiento del director del IES “Sotomayor” por la felicitación acordada en el anterior pleno, y de los decretos y resoluciones dictados en el último mes.
