Izquierda Unida de Ciudad Real ha llevado al Pleno del mes de octubre una moción en la que se pide la creación de un plan sociolaboral de empleo aprovechando que tras la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012 existía un remanente de tesorería de 330.000 euros. Según IU, «existe una situación favorable para la realización de dicho plan puesto que el pasado abril se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de Administración Local que permitía destinar a inversión este superávit».
«Acuerdo que la propia alcaldesa Romero aplaudió y sobre el que se mostró públicamente a favor hablando de la “posibilidad y la necesidad de ponerlo en práctica”, señala la portavoz de IU, Carmen Soánez. «Sin embargo parece que este plan de empleo no se va realizar en Ciudad Real puesto que el PP votó en contra de esta moción en el pleno de mayo, no aceptaron su urgencia en el de septiembre y han votado en contra en el de octubre», puntualiza.
Carmen Soánez afirmó no entender la posición del Partido Popular teniendo en cuenta la situación de más de 9.000 personas de nuestra ciudad que se encuentran en situación de desempleo. “Según la responsable de empleo del equipo de gobierno de Rosa Romero no se acepta la propuesta de IU porque supuestamente ya hay otros”.
Para Izquierda Unida de Ciudad Real «toda la ciudadanía tiene derecho a un trabajo que sirva, al menos, para solventar la urgente necesidad de tantas familias con un contrato de 3 ó 6 meses para 90 ó 45 personas. La justificación de la necesidad del cambio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria no es convincente ya que la autonomía que deben tener los ayuntamientos –cuando además han obtenido el visto bueno del Ministerio y el respaldo del gobierno central– debe ser empleada para estos asuntos de urgente necesidad».
Al hilo de la autonomía e independencia de los ayuntamientos el grupo de Izquierda Unida presentó, también por segunda vez, una moción contra la decisión del gobierno de Rajoy, «que por medio del proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local eliminará cientos de entes locales menores limitando la posibilidad de actuar en política social de muchos ayuntamientos».
A partir de ahora se alejará estos servicios de la ciudadanía puesto que pasarán a depender de diputaciones y comunidades autónomas. Según Soánez, esta reforma se fundamenta en “la carga financiera y económica que las administraciones locales suponen para el país; afirmación sin fundamento puesto que la deuda de las entidades locales supone sólo el 4 % del PIB y su déficit conjunto estaba en torno al 0,3 % en 2012″.
«Esta circunstancia pone de manifiesto que la motivación de esta reforma no es otra que alejar a la administración de la ciudadanía, dejándola huérfana de servicios sociales, centros de atención a la infancia, a la mujer, a mayores y otros en el momento que más se necesitan. Se incumple así lo asumido por España en la Carta Europea de Autonomía Local en la que se establece que “el ejercicio de las competencias públicas debe incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos”, concluye.
