La Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES) vuelve a denunciar «el grave perjuicio que la competencia desleal e intrusismo está significando para un sector que ya está padeciendo una grave crisis desde hace años».
«Tanto en la época de bonanza como en la crisis actual, si existiese un barómetro para medir la preocupación del colectivo de las pymes y autónomos, seguramente siempre el intrusismo y la competencia desleal ocuparía un lugar clave. La Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES) ha hecho de esta causa una de sus caballos de batalla principales, frente a los intrusos y las administraciones pertinentes», señala la asociación en un comunicado.
«Este hecho se ve, en los últimos años, agraviado enormemente por la falta de pago a las subcontratas de obras y servicios públicos». La situación de los subcontratistas «es sencillamente dramática, una situación complicada, el trabajo ha disminuido de una forma radical, a lo que se añaden los problemas comunes surgidos con la actual crisis, como la falta de financiación y la reducción de obra pública», indica.
APES, integrada por sectores con un alto nivel de subcontratación, pide a las administraciones «la implantación de medidas que protejan a las subcontratas para evitar la indefensión en la que se encuentran los subcontratistas respecto del contratista principal y que tengan respaldo de la Administración, no puede ser que la Administración sólo se relacione con el contratista principal”.
Entre las medidas posibles serian:
– Incluir la condición a todas las contratas que paguen a los subcontratistas incluyendo como criterio de adjudicación el compromiso de pagar a estas empresas en un plazo de 30 días y que el incumplimiento sea considerado infracción grave.
– Se permita a los subcontratistas, dirigirse directamente a la Administración para solicitar el pago acordado, lo que la Ley actual no permite.
El cobro se produce muchas veces con mucha tardanza, que se ve agravada cuando la gran empresa adjudicataria cobra de la administración pública y no liquida de forma simultánea a las subcontratistas, originándolas un perjuicio evidente y poniendo en riesgo su futuro.
