El Sindicato de Enfermería en Castilla-La Mancha, SATSE, ha mostrado su total rechazo al texto del Decreto de integración del personal de las escalas técnicas y superior de sanitarios locales que la Administración regional tiene previsto publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en el que se recoge que el personal que no optase por la integración en los servicios de salud como personal estatutario sería adscrito a órganos administrativos distintos al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
SATSE exige la retirada de este proceso puesto que la aplicación del Decreto, que afectaría a más de 900 profesionales sanitarios en la región, no supondría ningún ahorro económico ni tampoco mejoraría la eficiencia de la prestación sanitaria. Sin embargo, sí desestabilizaría la estructura sanitaria de la región, que tiene como uno de sus pilares básicos la asistencia sanitaria que estos trabajadores vienen prestando profesionalmente desde hace décadas.
El Sindicato considera que con este proceso de integración, la Administración deja a este colectivo en una situación de incertidumbre e inestabilidad laboral y abre la puerta a la posibilidad de que el sistema sanitario público regional pierda la experiencia y profesionalidad de estos trabajadores, desmintiendo que esta integración cumpla los criterios de flexibilidad y adecuación temporal, como se ha indicado desde el SESCAM, al ‘obligar’ a estos profesionales a optar por la integración.
Esta organización sindical no entiende porqué el SESCAM mantiene este Decreto cuando ya existe un proceso de integración propio para estos profesionales desde la publicación de un Real Decreto en 2005, que ya establecía este proceso. Y además, porque hay distintos recursos de inconstitucionalidad promovidos por distintas comunidades autónomas, que aún no sido resueltos por el Tribunal Constitucional.
SATSE rechaza el incumplimiento del SESCAM en este proceso puesto que en las negociaciones mantenidas con este sindicato se alcanzó un compromiso por el que se mantendrían las actuales condiciones de estos profesionales en el proceso de integración, cuestionando la fiabilidad de cualquier negociación o compromiso alcanzado con la Administración regional.
