El embargo de la sede del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad de Ciudad Real y la designación de la nueva coordinadora por parte de la Concejalía, fueron las principales cuestiones abordadas en la reunión de la Junta Rectora de este órgano celebrada ayer. Un encuentro cargado de tiranteces en el que los colectivos que representan a las personas con discapacidad manifestaron su disconformidad con las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento.
La plaza de coordinadora del patronato, que ocupaba Nieves Adán hasta su reciente jubilación, quedará vacante y será cubierta mediante una comisión de servicio por una funcionaria municipal designada por el Ayuntamiento. Las fuentes consultadas por este diario, tanto de grupos políticos como de asociaciones integrantes del patronato, coinciden en señalar que, desde meses antes de la jubilación de la anterior responsable, venían reclamando la celebración de un proceso selectivo para cubrir la plaza, y consideran que el Consistorio podría haber incurrido en algún tipo de irregularidad. Califican la designación de «dedazo» pues, según estas fuentes, «ni se ha efectuado un concurso entre los funcionarios municipales para acceder a la comisión, ni existe una causa urgente que la motive, ya que la jubilación de la anterior trabajadora no puede considerarse como una circunstancia sobrevenida».
Pese a que la concejala de Bienestar Social, Amparo Messía de la Cerda, haya asegurado en la reunión que, en un futuro, se llevará a cabo el proceso selectivo, los colectivos participantes sospechan que éste podría ser «un paso más dado del Ayuntamiento para acabar definitivamente con el patronato».
Por otra parte, este digital publicaba el lunes que peritos adscritos al Banco de España procedían al embargo de la sede del patronato, propiedad del empresario ciudadrealeño Domingo Díaz de Mera, lo que ha obligado a la institución municipal a trasladarse al Centro Verde, en el Torreón. Durante años, el patronato ha utilizado su ya antigua sede sin coste alguno -salvo los relacionados con suministros-, merced a una cesión en precario. En la reunión de la Junta Rectora celebrada ayer, representantes de las asociaciones de discapacitados solicitaron que se les mostrara el contrato de cesión, a lo que la concejala y presidenta-delegada del patronato «se negó con rotundidad». «Se trata de un documento público que cualquier ciudadano debería poder consultar», han lamentado.
Asimismo, estos colectivos consideran que la nueva ubicación que les ha ofrecido el Ayuntamiento reúne unas condiciones «bastante peores» que las que tenía la sede embargada. El horario del centro social, la falta de intimidad de los usuarios del patronato y la sensación de provisionalidad serían los principales inconvenientes del nuevo espacio.
Por último, los integrantes del órgano consultados manifiestan su malestar por las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento; resoluciones que «se toman de forma unilateral y con una total falta de transparencia».
