Asamblea Local de IU Valdepeñas.- El consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio el anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración Local. Un proyecto de ley que empieza ahora el trámite en el Congreso y que, si ya, su proceso de gestación ha sido sinuoso, aún lo será más. El dictamen del Consejo de Estado, claramente contrario a dicho anteproyecto, y los recursos de anticonstitucionalidad que de forma inequívoca van a caer, harán que dicha “reforma” no tenga su proceso concluido ni mucho menos.
Ha sido aprobado con los métodos habituales utilizados por este Gobierno, modificando los aspectos más escandalosamente inconstitucionales que tenía en principio, pero manteniendo el mismo espíritu y los mismos objetivos: reducir la Administración Local y al municipalismo a la mínima expresión, llevándola a una situación de dependencia y de tutela del Estado y de las comunidades autónomas sin precedentes.
El proyecto de Ley del Gobierno es un atentado en toda regla no sólo a los municipios, sino aún más a la estructura democrática del Estado y al bienestar de los ciudadanos. Es un auténtico “golpe de Estado” encubierto la necesidad de aplicar los principios de estabilidad presupuestaria. Elaborado para complacer a la Troika ante la que con total alegría se anunció hace más de un año que se iban a “eliminar” miles de municipios y más de 20.000 concejales.
Es un golpe “anticonstitucional” a la autonomía local y supone la conversión en administraciones de segundo rango de los ayuntamientos para engordar las obsoletas Diputaciones (las instituciones con representación menos democrática ya que sus representantes no lo son por elección directa) y las infladas Comunidades Autónomas. Una ley que, de ser aprobada en su actual redacción, pondría en peligro el papel de la Administración Local dentro de la estructura del Estado Democrático, desconociendo absolutamente el papel decisivo que los entes locales han tenido en el bienestar de las personas, la igualdad de derechos y el desarrollo de los territorios. Los ayuntamientos han sido desde su irrupción en el sistema democrático en la primavera de 1979 uno de los factores de cambio más importantes de la vida de los ciudadanos de a pie. De aquellos pueblos y barrios, donde los servicios sociales eran beneficencia, donde las calles eran barro, donde el deporte se practicaba en descampados y para tener atención sanitaria había que desplazarse lejos del lugar en el vivíamos, donde el asociacionismo era perseguido y donde la cultura y el ocio no pasaba del Teleclub, a la realidad actual de nuestros municipios, dista un auténtico mundo. Ese es el profundo cambio de este país.
En la creación de ese nuevo espacio de convivencia y de cultura democrática empeñaron su esfuerzo centenares de miles de hombres y mujeres que en el ejercicio básico de la democracia fueron representantes de sus vecinos, fueron voz de su voz y portavoces de reivindicaciones tanto tiempo sin respuesta. Tanto que se habla del milagro español, poco se habla del milagro municipal que nos ha hecho a todos la vida muchísimo más agradable y placentera.
Para dar cobertura “social” a este atentado antidemocrático se ha impulsado la imagen de que la corrupción y el despilfarro anida en los municipios y los concejales. Para ello se obvia que los cargos electos con retribución no llegan al 15 % (con la Ley que pretende aprobar el PP aumentarían los liberados en ayuntamientos como Valdepeñas) y que todos los planes urbanísticos pasan por las Comunidades Autónomas (legalizando contubernios como los del “Pocero” en Seseña). Muchos ayuntamientos se han visto implicados en pleno boom en temas de corrupción urbanística, o cuando menos se han sumado sin ningún rubor a la especulación urbanística, en la provincia podemos poner algunos ejemplos. Y esto, más allá de las actuaciones delictivas de diversos regidores municipales que están en los tribunales, plantea de nuevo el problema de la financiación, aunque no sean buenos tiempos para ello. En primer lugar, contamos con un sistema de financiación inadecuado, que desatendiendo a la administración local ha generado un efecto perverso en la búsqueda de financiación a través del suelo, disponiendo para ello con la ayuda inestimable de la Ley del Suelo que impulsó el binomio Aznar-Rato en 1996, causa básica de un urbanismo incontrolado que hizo del suelo la fuente de la burbuja inmobiliaria que hoy estalla en la cara de todo el país. Se ha provocado una identificación entre urbanismo y financiación local, extraordinariamente peligroso.
Y sin embargo, los municipios son los grandísimos olvidados de estas casi cuatro décadas. La financiación es insuficiente e inadecuada y el gasto público ejecutado por los entes locales ronda el 13% del total situándose en los niveles de los países del tercer mundo y no de la Europa comunitaria donde supera el 25%. En aquellos tiempos de la transición y de la construcción del Estado descentralizado el lema de la izquierda era “50% el Estado, 25% la autonomía y 25% los ayuntamientos” y las cifras que hoy no cuadran son la de las autonomías que supera aquel emblemático limite y la de los municipios que no llega ni a la mitad de la expectativa.
Al PP, impulsor de esta Ley, se le llena la boca de “modernización” y “reforma” y sin embargo se carga de un plumazo uno de los principios básicos en la gestión eficiente de la Administración como es el principio de subsidiaridad (“que el servicio se produzca al nivel administrativo más cercano al ciudadano”), y esto además por algo absolutamente natural por mucha Ley de “racionalización” que se quiera meter; el ciudadano se dirige en primer lugar a su ayuntamiento, sólo que ahora se encontrarán con una puerta cerrada y un cartel que en lugar del “vuelva usted mañana” de Larra dirá “no tenemos ni competencias, ni medios”.
Eliminando el principio de proximidad, se impide a las administraciones locales participar en la prestación de servicios y desarrollo de actividades que atiendan las necesidades específicas de sus vecinos y vecinas. Y aunque en materia competencial se han visto obligados a eliminar el concepto de “competencias impropias”, se han inventado el término “competencias distintas a las propias”, para dificultar el desarrollo de servicios específicos. Persisten en alejar a las corporaciones locales de las políticas sociales y de participación, desmantelando competencias básicas como los servicios sociales, la enseñanza, la salud, la defensa de los consumidores, la participación ciudadana, la promoción del empleo, las políticas de igualdad (aunque sí podrían ser delegables a expensas de las políticas autonómicas).
Con una ironía de casino de las que también nos tienen acostumbrados, vendieron en su día que la reforma recortaría cargos y personal de confianza, pero al final se ha traducido en unas cantidades irrisorias y con una “amnistía” para toda esta legislatura.
En definitiva este proyecto de Ley, como los anteriores, mantiene su objetivo principal que no es otro que hacer rentables las privatizaciones de lo público, de lo que es de todos, a mayor beneficio de sus “amigos”…, de los emisores de sobres.
Y por mucho que intenten disimularlo, es tan evidente, que vuelven a dejarlo patente, cuando en la exposición de motivos no tienen ningún reparo en expresar que se “suprimen monopolios municipales… que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad…”.
