El sindicato CSI·F ha denunciado en un comunicado que el Sescam «va a obligar por decreto a que 945 profesionales de Castilla-La Mancha: 491 médicos, 450 enfermeros y 4 matronas, opten antes del 31 de diciembre, entre perder su condición de funcionarios y seguir en el Servicio de Salud, o renunciar a ser funcionarios, pasando a estar adscritos a órganos administrativos que no pertenezcan a instituciones sanitarias públicas».
«La aprobación de ese Decreto de Integración de los Sanitarios Locales, rechazado en la Mesa General de Negociación por las centrales sindicales, pondría a los pies de los caballos la prestación de una sanidad de calidad en nuestra región, pues se pondría en serio peligro la atención médica y de enfermería que recibe la mitad de la población de Castilla-La Mancha», asegura el sindicato.
Para CSI·F, «este decreto es después del fallido intento de supresión de las Urgencias rurales, el mayor ataque a la prestación sanitaria en el medio rural y por ello pedimos la inmediata retirada del Decreto y el mantenimiento de los funcionarios en su situación actual profesional y de nombramiento administrativo».
«Si la Junta de Comunidades se enroca en su decisión de aplicar este Real Decreto, injusto y desproporcionado», CSI·F anuncia que sus servicios jurídicos «presentarán un recurso ante el TSJCLM, cuestionando la constitucionalidad del mismo por atacar los derechos individuales de los funcionarios al no respetar lo establecido en el Artículo 14 Estatuto Básico del Empleado Público: derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera y al desempeño efectivo de las funciones y tareas propias de su condición profesional…».
«Ataque a la independencia»
«Con este Decreto, el Gobierno del Partido Popular pretende eliminar los funcionarios de la sanidad pública que en la actualidad tienen recurrido ante el Tribunal Constitucional varias Comunidades Autónomas por vulnerar los derechos individuales de los funcionarios recogidos en nuestra legislación», asegura CSI·F, que teme que «el verdadero objetivo es la eliminación de los funcionarios del sistema público y acabar con profesionales a los que su estatus dota de una estabilidad laboral que les permite ser independientes y no están doblegados a los políticos de turno, lo cual es un verdadero inconveniente para futuras privatizaciones del sistema sanitario».
