Cuando una empresa depende únicamente de condiciones exógenas para competir y no tiene perfilada ni una estrategia competitiva ni un modelo de negocio innovador, seguramente y a largo plazo, el mercado la penalizará.
Esta regla es perfectamente aplicable a España, puesto que el Gobierno ha supeditado nuestra economía a la evolución de tres factores externos:
1. El comercio exterior. Nuestro déficit comercial se ha reducido un 68,8% debido a la subida récord de las exportaciones durante el primer semestre del año. (Las exportaciones se acercan al 30% del PIB).
2. El turismo internacional. España está registrando uno de los mejores veranos desde 1995, teniendo en cuenta el número de turistas extranjeros que visitan nuestro país. (La inestabilidad social que sufren algunos países mediterráneos podría potenciar más aún el actual éxito turístico español).
3. La recuperación económica de la eurozona. El índice PMI de la eurozona se encuentra en máximos en relación a los dos últimos años (51,7 puntos en agosto: dato macro que muestra una probable consolidación del crecimiento iniciado por la zona euro). Alemania y Francia, las dos primeras potencias de la eurozona, han crecido en el segundo trimestre del presente ejercicio un 0,7% y un 0,5% respectivamente. (Recordemos que estos dos países acaparan el 35% de las exportaciones españolas).
¿Además de las multinacionales de referencia, grandes empresas y pymes de alto potencial, también están obligadas las pymes españolas con menos recursos a internacionalizarse y exportar para lograr la superviviencia?
Si bien es cierto que el nivel de competitividad de nuestra economía se ha incrementado vía ajustes en el empleo, la demanda interna sigue alicaída. Consecuentemente, si el consumo y la inversión no se reactivan, nuestra economía tampoco lo hará, independientemente que dejemos atrás la recesión, porque para crear empleo es necesario crecer (tradicionalmente por encima del 2%).
La banca española tampoco ayuda porque el crédito que concede (indispensable para reanimar la inversión) a las pymes y a las familias es el más caro de la zona euro.
Aunque una de las claves que explica la crisis española viene definida por el gasto de las autonomías, que ha crecido un 20% (30.000 millones de euros) desde 2007. Las Administraciones regionales duplican en número de empleados públicos a la Administración central. (En España, tenemos un empleado público por cada 18 habitantes). Además, existen cientos de miles de empleados públicos sin oposición enchufados en la Administración por el PP-PSOE. No olvidemos tampoco que a nivel fiscal, las autonomías han subido más de 120 impuestos desde 2011 y han creado infinidad de nuevas tasas y tributos. La austeridad que predican los gobiernos autonómicos en aras de una supuesta lucha contra el déficit es una falacia. ¿En qué siguen despilfarrando el dinero público las comunidades autónomas? Esta es una de las grandes mentiras de la pseudodemocracia española.
Pero el Gobierno intenta seguir vendiendo a los españoles que las últimas y sucesivas colocaciones de deuda llevadas a cabo por el Tesoro son beneficiosas para España, basándose para ello en que el tipo de interés pagado en las mismas ha sido menor que en emisiones anteriores. Por el contrario, el gabinete de Rajoy no explica a los españoles que nuestra deuda sigue creciendo (sobrepasa el 90% del PIB y camina hacia el 100%) y seguirá aumentando mientras no se reduzca el Estado, aunque la prima se mantenga en los niveles actuales y las subastas de deuda del Tesoro se coloquen a un interés más bajo.
Tanto el asfixiante déficit como la casi impagable deuda que han ahogado a la economía española son el resultado del fracaso del modelo de gestión de la Administración Pública española. ¿Gestiona mejor el dinero el Estado o los ciudadanos? ¿Es el momento de devolver el dinero a la sociedad o de freír a impuestos a los ciudadanos? Indudablemente, las familias y las empresas invierten su dinero mejor que delegando esta labor en el Estado pero la casta política española, pensando únicamente en su propio interés, no lo considera así.
Los españoles hemos podido comprobar la forma en la que la Administración ha malgastado nuestros recursos económicos en clave de proyectos faraónicos (sin ninguna utilidad y, en multitud de casos, planificando los mismos en función del preceptivo reparto de comisiones) y de subvenciones improductivas destinadas a los amigos del poder. ¿Quieren los españoles seguir pagando unos impuestos desorbitados y confiscatorios para que nuestra corrupta Administración los dilapide?
El impulso del turismo, el récord de exportaciones y la recuperación de la eurozona no deberían utilizarse por parte del Gobierno como una excusa para seguir endeudando a España. El Gobierno sigue sin hacer sus deberes a nivel interno (reestructuración del sistema financiero, reducción del Estado, reforma fiscal, solucionar la dualidad del mercado laboral, etc.) y las consecuencias de ello son que la renta de las familias españolas sigue cayendo en picado y que a la mayoría de las pymes sin capacidad para exportar les queda por recorrer una larga travesía por el desierto.
Lucio A. Muñoz.
Socio director de Eurogroup Human Resources.
