La viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas del Gobierno regional, Mar España, ha animado a las entidades, instituciones y ayuntamientos, que aún no lo hayan hecho, a que se “adhieran al nuevo Plan de Pago a Proveedores”. Así lo ha señalado Mar España en declaraciones a los medios de comunicación previas a la visita a la Oficina de Información y Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara.
Para ello, ha resaltado, Castilla-La Mancha cuenta con diez oficinas de información y registro en las que, en el momento, se podrá emitir el certificado de adhesión, además de poderse realizar por vía electrónica con certificado digital.
Mar España ha recordado que el plazo concluirá el 6 de septiembre y las estimaciones apuntan que, hasta el momento, “tan sólo un 50 por ciento” de los interesados se ha adherido a este Plan de Pago a Proveedores, que cuenta con una dotación de 264 millones de euros. Por ello, ha hecho especial hincapié en que este mes de agosto es hábil para poder realizar los trámites.
Anima a los ciudadanos a utilizar el Registro Electrónico
Asimismo, la viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas, ha animado a todos los ciudadanos a utilizar el Registro Electrónico. Esta iniciativa se puso en marcha el pasado año con el fin de agilizar los trámites administrativos de los ciudadanos con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y como respuesta a una demanda de la población para «mejorar la calidad de los servicios». Para ello, se han informatizado todos los procedimientos y formularios, con la idea de eliminar los trámites tan «burocratizados» de las administraciones, evitando los «desplazamientos innecesarios» ya que desde cualquier punto con acceso a Internet se pueden realizar.
Informe del Síndico del año 2011
En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación sobre el último informe del Síndico de Cuentas, Mar España ha resaltado que, a diferencia del anterior Gobierno socialista, que en 2011 aumentó en un 31 por ciento el presupuesto público a fundaciones, con mucha cantidad de gasto sin justificar ni auditar, el Gobierno de Cospedal ha reducido y racionalizado el gasto estructural, acabando con el «despilfarro en la gestión de los fondos públicos».
