José Fernando Sánchez Bódalo. Alcalde de Alcázar de San Juan entre 1999 y 2011.- El agua es un bien público, básico para la vida y el desarrollo humano. Además es un servicio obligatorio para los municipios. Poner la gestión de este bien común en manos de un particular es una decisión que supera a cualquier partido político. Es una responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto, porque ella es la “dueña” de ese bien.
Naciones Unidas ha reconocido como “un derecho humano” el acceso al agua y al saneamiento. La legislación europea avanza para declarar no privatizable la gestión del agua. Hay países como Italia (mediante referéndum), Los Países Bajos y otros, que ya lo han establecido en sus constituciones y ese es el objetivo de la primera Iniciativa ciudadana europea.
A falta de prohibición expresa, sin permiso directo de los ciudadanos, no se debe poner en manos de otros intereses que los públicos un bien como el Agua. Es una aseveración moral que debería formar parte de la ética de los gobernantes, sin más excusas, ni justificaciones. Sin que todos los vecinos sean consultados expresamente y mediante sufragio universal libre y directo, no debe privatizarse la gestión del agua.
En Alcázar de San Juan, PP y CxA quieren “vender Aguas”, es decir, vender la empresa pública que gestiona el bien común y el derecho humano. Y lo hacen sin permiso expreso de los vecinos, traicionado o superando, por tanto, la confianza recibida en las elecciones. Además, lo hacen, negándolo reiteradamente, lo que evidencia el reconocimiento de una “culpa”, de una mala conciencia y una mala intención. Lo hacen, asimismo, mintiendo al ocultar información y falsear la existente, es decir, manipulando los medios y los mensajes.
Que la intención de PP y CxA no tiene el “permiso” de los vecinos, es evidente. Ningún programa electoral lo contemplaba. No se ha preguntado ni se quiere preguntar a los vecinos. El PSOE que representa la mitad del electorado está radicalmente en contra, otras fuerzas políticas sin presencia actual en el Ayuntamiento también, muchos colectivos ciudadanos, vecinos a título individual no están de acuerdo. No se debe adoptar esta decisión por un gobierno de coalición, agobiado por sus problemas de gestión y sin escuchar a los vecinos.
Si tan convencidos están de que los alcazareños quieren “vender Aguas”, pregúntenlo. Hemos organizado consultas vecinales para elegir alcaldes pedáneos, para decidir la conversión de parte del término municipal en EATIM, ¿por qué no organizar una consulta vecinal sobre la venta de la empresa de Aguas?
Hagan una consulta. Un proceso de información pública. Un debate plural y democrático con todas las explicaciones y que se expresen los vecinos. ¿Quién tiene miedo a la democracia? ¿quién tiene miedo a la verdad? Desde luego los socialistas no.
Es obvio que “cambiar el modelo de gestión de Aguas”, como repiten una y otra vez, es una venta de la Empresa. Es una evidencia que su negación por parte de PP y CxA es tan burda como pretender que todos los alcazareños seamos” tontos de solemnidad”. De una empresa pública no se hace una mixta sin vender una parte a un particular. Por favor, dejen de insultar nuestras inteligencias.
Si además se vende el 95%, se pierde el control, así de sencillo. Todo el mundo entiende aquello de que “el que paga, manda”,
PP y CxA no están legitimados para vender Aguas. Pero es más, la venta no tiene justificación alguna.
La injustificable “operación venta de Aguas”, PP y CxA la han orquestado mediante una campaña de intoxicación en la que lo primero que hacen es negar la venta: ¡“aguas no se vende”! repiten como un mantra, a la vez que le ponen precio. Niegan la venta, pero la justifican fabricando una quiebra fraudulenta que hace “inevitable” vender para “salvar la Empresa”. Todo ello manipulado con una falsa deuda multimillonaria, querellas y acusaciones contra los anteriores gestores (entre los que me encuentro con orgullo, por el trabajo realizado) y mintiendo con descaro sobre la inocuidad de la decisión para los bolsillos de los vecinos, los trabajadores y las empresas locales.
Sin embargo, en esa campaña de intoxicación, ocultan información imprescindible y mienten sobre las verdaderas intenciones.
Ocultan que la Empresa es rentable (siempre ha dado beneficios al Ayuntamiento en forma de trabajos, obras y servicios que ahora no quieren reconocerle). Ocultan, que Aguas no tiene deuda alguna con bancos o proveedores, que esa deuda de la que hablan es contable y para compensación con el Ayuntamiento, que es su dueño y que la han manipulado políticamente para forzar una quiebra que acabará en los tribunales por fraudulenta.
Ocultan la verdad, y ésta es que venden Aguas para coger dinero con el que disimular una gestión económica desastrosa en la que les faltan los 9 millones de euros que tendría que pagar la termosolar americana que no se hace y no pagará, pero que se están gastando mes a mes. Ocultan que venden Aguas porque no tienen dinero para acometer obras fastuosas como el Recinto Ferial (con farolas de 36.000 euros cada una y toldos de un millón). Por esto y para esto necesitan dinero y no para “pagar las nominas del Ayuntamiento” como han afirmado ante los propios trabajadores de Aguas.
Por esto y quizás también para poner en marcha la “doble puerta” que asegure un futuro profesional a alguno de los concejales que más pasión ponen en el asunto.
Es “pan para hoy y hambre para mañana” como acertadamente refería un vecino en el Pleno. Y lo ratifico en primera persona, porque yo mismo como alcalde hice los números para vender Aguas, con un Ayuntamiento que no podía pagar las nóminas y acosado por los acreedores (situación que en nada se parece al Ayuntamiento que PP y CxA han heredado) y puedo “certificar” que vender Aguas era “estafar” a los vecinos.
Si necesitan dinero para despilfarrar búsquenlo, hay otras alternativas, la primera no gastar lo que no es necesario, pero no encareciendo y empeorando el servicio de agua, depuración y saneamiento a varias generaciones de alcazareños.
Y por favor, no digan más mentiras. Si se disuelve la Empresa, no hay que despedir a nadie (porque el servicio es obligatorio y se municipaliza automáticamente, con todos los trabajadores) y la presunta deuda desaparecería de un plumazo porque a nadie se le debe nada.
En definitiva, no hay justificación alguna para “vender Aguas” y sin consultar a los vecinos lo que no hay es legitimidad.
Y por último, no es una decisión inocua, al contrario, hipoteca nuestro futuro al poner el “grifo del agua” en manos de un particular, ajeno a la ciudad, interesado en recuperar el dinero que presta ahora y obtener el máximo beneficio a su inversión, en el menor tiempo posible y durante todo el tiempo que se le deje. Nos quieren hacer creer que un privado prestará dinero gratis, sin intereses, sin beneficios y que además invertirá en mejorar el servicio y las infraestructuras. Ni que fuéramos tontos.
Los ejemplos de lo perjudicial de estos procesos son tantos y clamorosos que no hay que insistir. Un simple recorrido por internet deja claro cómo suben los precios, disminuyen los servicios, se arruinan las infraestructuras, se despide al personal, se contrata con empresas de otras localidades y, al final, cuando las averías no cesan y el recibo no se puede subir más, los ayuntamientos tienen que recomprar las acciones volviendo a pagar. Esta es la historia repetida una y otra vez en todas partes y, ciertamente, no vemos motivos para creer que nuestros actuales gobernantes vayan a escribir otra.
Son demasiadas mentiras comprobadas, eufemismos y contradicciones, demasiado ruido, insultos, injurias, desprecios a trabajadores, políticos y ciudadanos para justificar lo injustificable.
Estamos ante una Operación de fraude al electorado, desprecio al juego democrático, aniquilamiento del adversario político, de ocultamiento de la desastrosa gestión económica de PP y CxA con el único resultado de favorecer el negocio puro y duro a costa de los intereses de los alcazareños y alcazareñas.
Repito, no hay justificación alguna para “vender Aguas” y sin consultar a los vecinos lo que no hay es legitimidad. Si no se hace así, la decisión carece de fuerza moral y legitimidad democrática porque lo importante es que, “por un puñado de euros” quieren convertir en mercancía un derecho ciudadano.
