«Preocupación máxima» porque no se garantiza el pago que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene con los ayuntamientos. Esta es la sensación y la conclusión a la que llegaron los alcaldes y portavoces del PSOE en la jornada celebrada por la Ejecutiva Provincial.
Pese a que “los ayuntamientos son los garantes de la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos”, tal y como apuntó durante la reunión la secretaria de Organización, Blanca Fernández, “éstos se encuentran en serio riesgo debido a la alta morosidad que mantiene con ellos la Junta de Comunidades que preside la señora Cospedal”.
Fernández recordó que el desarrollo y la aplicación de los servicios sociales, educativos, culturales y algunos de otra índole son competencia exclusiva de la administración regional, pero en el caso de la provincia de Ciudad Real “dichos servicios han estado consolidados y asentados gracias a la colaboración de los ayuntamientos en un ejemplo de colaboración institucional recíproca que se ha roto desde la llegada de Cospedal al Gobierno”.
La responsable socialista incidió en que hasta el año 2011 el apoyo “fluido y cómplice” no se ceñía solo al aspecto financiero, sino también a la ejecución de unos servicios que de otro modo no llegarían nunca a los ciudadanos. Tales son los casos de las residencias de mayores, los centros de día, las viviendas tuteladas, e incluso, de hecho, los propios servicios sociales están implantados en el territorio gracias a “unos ayuntamientos que mes a mes sufren los recortes presupuestarios y los impagos del Gobierno de Cospedal”.
Tras analizar en profundidad el nuevo mecanismo que el Gobierno de España ha anunciado para pagar a los consistorios, los alcaldes socialistas denunciaron a través de la secretaria de Política Municipal, Jacinta Monroy, que “es absolutamente insuficiente, por lo que ya anticipamos que no saldará las deudas que mantiene la administración regional con los ayuntamientos”.
Los motivos que apuntaron para extraer esa conclusión son varios, entre ellos, las condiciones vinculadas a los impagos consistoriales, las lagunas en la redacción de la norma y también las voces críticas en el seno del Partido Popular, ideas que “hacen que surjan dudas más que razonables para desconfiar de la eficacia de este mecanismo”.
Tanto alcaldes como portavoces socialistas en los municipios consideraron que “hoy en día hay servicios en peligro de extinción, sin ir más lejos, la mayoría de las residencias de mayores gestionadas por los ayuntamientos o la ayuda a domicilio, cada vez más débil por culpa de los recortes de Cospedal”, a lo que sumaron la crítica a la imposibilidad de desarrollar planes de empleo por la negativa de la Junta de Comunidades que, en definitiva, están asfixiando las posibilidades de los alcaldes y alcaldesas para solucionar los problemas de los ciudadanos.
Sarta de mentiras: todo está en peligro porque dejaron 10 mil millones de facturas sin pagar, a proveedores y a Ayuntamientos. Pusieron una CCAA al borde de la quiebra. 3 millones de € al día hay que pagar de intereses del desaguisado de Barreda. Seguir así engañando a los castellanomanchegos y en mayo del 2015 otra vez a la sopa boba.