El coordinador provincial de Izquierda Unida, Miguel Ramírez, ha exigido la mediación del Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Fernando Rodrigo, para que paralice la privatizaciones que están en curso en la provincia «ya que atentan contra el principio constitucional de defensa de lo público, que va contra el interés general y el principio de transparencia». Reproducimos en su integridad el escrito de Ramírez:
AL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
D. Miguel Ramírez Muñoz, mayor de edad, con DNI 52.136.618-B, con domicilio a efectos de notificación en la calle de la Rosa, número 8 de Ciudad Real, y actuando en calidad de Coordinador Provincial de IZQUIERDA UNIDA de Ciudad Real, comparece y como mejor proceda
D I G O
Que acogiéndome al derecho de petición recogido en nuestro ordenamiento jurídico, y en defensa del Interés General de España y de la Hacienda Pública
E X P O N G O
Que nuestro país está seriamente alarmado ante los escándalos de corrupción política, especialmente vinculados a los procesos de adjudicación de bienes, obras y servicios públicos a empresas concesionarias, que posteriormente y supuestamente hacen millonarias donaciones ilegales a los partidos políticos que ostentaban el Gobierno que hizo estas adjudicaciones públicas.
La querella presentada por IZQUIERDA UNIDA junto a otras asociaciones, en el llamado Caso “Bárcenas”, apunta a numerosas empresas que beneficiadas por adjudicaciones públicas, posteriormente y supuestamente hacían donaciones de dinero al Partido Popular, que luego se sospecha se repartía en parte o en su totalidad entre altos dirigentes del PP, e incluso a miembros del Gobierno de España, vulnerando la Ley de Financiación de Partidos Políticos y otras leyes del Estado.
La ciudadanía está indignada además por cómo desde el propio Gobierno de España, tanto el que presidía Zapatero como ahora con Mariano Rajoy, se ampara estas prácticas de corrupción, ya que se han indultado recientemente a cargos políticos del PP y de CiU condenados en firme por delitos relacionados con la corrupción y la financiación ilegal de partidos, o directivos de la Banca, como el número del Banco de Santander. El origen y causa de estas prácticas es la privatización de servicios públicos, así como de las adjudicaciones de obras, bienes y servicios, en las cuales los poderes públicos deciden desentenderse de la gestión pública directa.
También podemos destacar, que se ha comprobado como todos estos procesos de adjudicación, vienen acompañados al poco tiempo de numerosas ampliaciones, modificaciones y adendas que acaban desfasando el coste previsto, en muchos casos más del 300%, el triple de lo inicialmente presupuestado, y como esto ha afectado a una irresponsable subida de la deuda y el déficit público, por lo que ahora nos veamos abocados a un proceso de rescate financiero por parte de la troika, que se viene sustanciando en medidas tan drásticas como las reformas laborales, los recortes; en sanidad, en dependencia, en educación, en protección por desempleo, en becas y ayudas sociales, y la que se avecina de las pensiones actuales y del futuro.
En la actualidad tenemos diversas Administraciones Públicas; ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, ministerios, organismos autónomos, que tienen previsto llevar a cabo estos procesos de cambio de gestión pública o de venta de Patrimonio Público, en un momento de mercado económico y financiero que van a generar un daño real a la Hacienda Pública ya que se venderán muy por debajo del valor real, y todo ello, insistimos, en un ambiente general de sospecha de corrupción.
Podemos enumerarle algunos casos; cambios de gestión de los Hospitales de Manzanares y Tomelloso, venta de la Finca Galiana de la Diputación Provincial de Ciudad Real, privatización de Residencias Universitarias propiedad de la Junta de Castilla-La Mancha, servicios municipales de agua en Ciudad Real, Moral de Calatrava y Alcazar de San Juan, ampliaciones de zona azul en Ciudad Real y Puertollano, curiosos contratos de suministros de servicios como el alumbrado de Ciudad Real, cambios en la gestión de las Oficinas Comarcales de Extensión Agraria, así como la intención de ventas de caminos y montes públicos en Valdepeñas, Moral de Calatrava y otras zonas del Valle de Alcudia.
No se entendería moralmente, el continuar con estos procesos de descapitalización pública, en este ambiente general de alarma social por la corrupción, y cuando aparecen salpicados e imputados los mismo elementos que están siendo investigados por la Justicia en varios casos abiertos, ya que alimentaria el descrédito de la democracia y de los partidos políticos, como ya reflejan desde hace tiempo las encuestas del INE sobre clima social y político.
Y POR LO EXPUESTO, LE SOLICITO que dentro de sus responsabilidades como máximo representante del Estado en ésta provincia, y por las competencias que le han sido atribuidas, INSTE A TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL, A QUE PARALICEN DE MANERA INMEDIATA TODOS LOS PROCESOS DE LICITACIONES, DE ADJUDICACIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS, DE VENTAS DE PATRIMONIO PÚBLICO, DE EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DE DERIVACIÓN A LA GESTIÓN PRIVADA DE CUALQUIER SERVICIO O FUNCIÓN PÚBLICA, Y QUE LO HAGA ATENDIENDO A LA DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL FIJADO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA, Y DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA ACCIÓN DE GOBIERNO.
Esta MORATORIA sería SINE DIE, mientras no se reponga la confianza ciudadana en la gestión de los asuntos públicos, y se resuelvan los grandes casos de corrupción iniciados por los Tribunales de Justicia.
Entendemos que no existe riesgo alguno para la continuidad de la prestación efectiva de los mismos, y solamente pretendemos evitar un daño mayor a las cuentas públicas y a la calidad democrática en nuestro país.
Lo cual firmo a los efectos, el 11 de julio de 2013
Fdo. Miguel Ramírez Muñoz
Coordinador Provincial de IZQUIERDA UNIDA de Ciudad Real
