La portavoz y vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha anunciado hoy que los socialistas estudian la posibilidad de acudir a los tribunales ante las informaciones del caso Bárcenas sobre presunta financiación ilegal del PP regional para la campaña de las elecciones autonómicas del año 2007 y ha vuelto a exigir la comparecencia urgente de Cospedal porque, ha dicho, “cada día nos desayunamos con nuevas informaciones que agravan el escándalo que demuestran que Cospedal va a de mentira en mentira”.
De las «mentiras», ha detallado hoy dos Maestre. La primera, enumeraba, “consiste en reconocer el lunes el recibí de 200.000 euros que Bárcenas le dio al gerente del PP de Castilla-La Mancha y decir que ese dinero era una transferencia de la sede nacional para gastos electorales. Los medios de comunicación publican hoy que los informes de Fiscalización del Tribunal y de la Sindicatura de Cuentas sobre la cuenta de ingresos y gastos del PP de Castilla-La Mancha para esa campaña no encuentran el rastro de ese dinero. Habría que preguntarle a la señora Cospedal que dónde está ese dinero, dónde están los 200.000 euros”.
La segunda falsedad de la que la portavoz socialista acusaba a Cospedal deriva del propio conocimiento de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, “que es muy clara y muy restrictiva en materia de financiación de las campañas electorales”.
En este sentido, aclaraba Maestre lo siguiente:”El recibí aportado el lunes en la Audiencia Nacional habla de dos entregas, de 100.000 euros cada una, fechadas el 12 de Febrero y el 28 de Marzo. Cospedal reconoce el recibí y dice que es para gastos electorales. Eso, o es mentira, o estamos ante un delito electoral, puesto que las elecciones autonómicas del año 2007 se convocaron el 3 de Abril, y la Ley es muy clara. En su artículo 48.1 y 49.2 de la Ley dicen que no se podrá abrir cuenta bancaria para las elecciones hasta que no se haya nombrado apoderado ante la Junta Electoral Central, y no se puede nombrar apoderado hasta los 11 días posteriores a la convocatoria electoral”.
En definitiva, resumía Maestre, “que no se pueden recibir fondos para gastos electorales en febrero y en marzo para unas elecciones cuya cuenta bancaria electoral no se puede abrir hasta mediados de Abril”. Esta argumentación llevaba a Maestre a señalar que podemos estar ante un delito electoral y a confirmar que el PSOE estudia la posibilidad de llevarlo ante los tribunales.
