Las empresas ganadoras poseen tanto un modelo de negocio diferenciado y difícilmente replicable como un plan estratégico (cada vez planificado a más corto plazo) que les permite posicionarse en el mercado y crecer aportando valor añadido. Del mismo modo, las naciones también deben diseñar su propio modelo de crecimiento en función de sus propias ventajas competitivas.
Los españoles hemos podido comprobar que el modelo de crecimiento basado en la construcción en el que se apoyó nuestra economía, en una etapa anterior aunque todavía reciente, era insostenible y únicamente respondía a criterios especulativos. De hecho, la burbuja inmobiliaria terminó estallando. (Durante la crisis, los pisos han sufrido una bajada en el precio en torno al 37%. Siguiendo esta tendencia bajista, expertos del sector prevén que los mismos valdrán en 2016 la mitad que en 2007).
El plan de estancamiento económico del Gobierno: pedir ayuda al BCE y abrasar a impuestos a los españoles. El único planning económico que está utilizando el Gobierno pero que, hasta la fecha, solo esta sirviendo para mantener a flote a nuestra sobredimensionada Administración se basa en pedir ayuda al BCE (y en masacrar, vía impuestos, a las pymes, a los autónomos y a las familias).
No obstante, el BCE no puede sustituir al modelo de crecimiento que debería tener planificado el Gobierno para nuestro país. Tal como dijo recientemente Mario Draghi, el BCE no puede inyectar permanentemente liquidez al objeto de salvar a la economía española.
El Gobierno se ha creído que el BCE es un barco y, en realidad, únicamente es un bote salvavidas.
Igualmente, España tampoco puede seguir endeudándose (recordemos que la deuda española camina hacia el 100% de nuestro PIB).
¿Qué pasaría si el BCE cambiara de postura y suspendiese el programa de compra de bonos españoles?
Si el Gobierno hubiera desarrollado profundas reformas (y no las pseudo reformillas, maquilladas por efecto del marketing político, que ha intentado vender Rajoy tanto a los españoles como a Bruselas), España no dependería tanto del BCE.
Rajoy presume de ser reformista pero su bagaje en este sentido es descorazonador: el Gobierno ha salvado entidades financieras quebradas por los políticos con el dinero de los españoles, no se atreve a profundizar en una reforma laboral carente de flexiseguridad, todavía no ha liberalizado el sector energético ni ha acometido una reforma fiscal ambiciosa y tampoco ha reorganizado el sistema de pensiones. Aunque el premio a las mini reformas se lo llevará la Administración, puesto que, la transformación administrativa que necesita España no se llevará a cabo por chocar con los intereses espurios de la casta política. (La reforma de la Administración es un “paripé” que sólo recortará el gasto público en 6.500 millones de euros, en el mejor de los casos, hasta el 2015).
Como sigamos así, España solo podrá apoyarse en el modelo de crecimiento tradicional, es decir, el conocido como “sol y playa”. Sin embargo, el sector turístico, y en concreto, la hostelería, también debe luchar contra el régimen del terror fiscal instaurado por el Gobierno.
Aunque los últimos datos del paro son “aparentemente” positivos (con matices y siendo cautos) y el Índice PMI indica que la caída de la producción de la industria (manufacturera) española se moderó en junio por el efecto exportaciones, el consumo interno sigue bajo mínimos. Este Gobierno, algo miope, ve “brotes verdes”, al igual que los veía Zapatero, si bien la economía española está muy enferma y todavía está lejana la ansiada recuperación.
Insiste el Gobierno en continuar con la estrategia económica perdedora basada en la presión fiscal confiscatoria al objeto de reducir el déficit. Los especialistas en la materia vaticinan una caída de la recaudación tanto en cuanto el último sablazo fiscal de Montoro se podría encuadrar en la categoría de expolio legalizado a los españoles.
Las pymes y los autónomos, que todavía no están en concurso de acreedores, rozan la bancarrota, puesto que las empresas están siendo saqueadas por el Gobierno, por ejemplo, para pagar las nóminas de todos los empleados públicos (no funcionarios) y asesores enchufados por los partidos políticos en la Administración paralela. Además, a las empresas se les priva del crédito que, contradictoriamente, fluye sin problemas hacia el Estado.
¿España se puede convertir en un país de camareros, políticos, empleados públicos y, si el campo es capaz de sobrevivir a este confiscatorio Gobierno, también de ganaderos y agricultores?
Este es el nuevo socialismo del Siglo XXI enmarcado en un falso y corrupto Estado del bienestar: penalizar a la economía productiva y, por tanto, a la iniciativa privada para premiar el trabajo improductivo en una Administración sobresaturada, ineficiente, controlada por los partidos políticos y despilfarradora en grado sumo, en la que se denosta al funcionario para ascender al asesor y al enchufado.
Tanto el gobierno actual como el anterior (casi todas las autonomías y ayuntamientos) se han dedicado a destruir empleo privado para mantener (y aumentar en algunos casos, por ejemplo, en las empresas públicas) el empleo público.
La Ley de Emprendedores es un señuelo para que algunos ilusos se lancen a emprender al objeto de freírlos después a impuestos.
Con este desolador panorama, ¿quién se atreve a emprender? Aún así, solo las empresas y los emprendedores sacarán a España de este infierno económico en el que nos han metido los dos últimos gobiernos.
Lucio A. Muñoz.
Socio director de Eurogroup Human Resources.
