El alcalde de Miguelturra, Román Rivero, ha denunciado, en rueda de prensa, el trato «discriminatorio» que el gobierno de Castilla-La Mancha está teniendo con Miguelturra «ya no solamente en cuanto a los recortes sociales que se están llevando a cabo en todos los municipios de la región, sino especialmente el perjuicio económico al que se está sometiendo a Miguelturra por tener un Equipo de Gobierno de signo político diferente.»
Rivero ha declarado que desde la Junta se están tomando «decisiones arbitrarias que no se ajustan a la ley» y que llevarán al consistorio a recurrir hasta llegar a la última instancia que haya que llegar. Para demostrarlo, el alcalde miguelturreño ha manifestado su disconformidad «con la ruptura unilateral del Convenio de Guardería Rural que hasta ahora había mantenido en vigor y por el cual existía un compromiso de subvención, por parte del Gobierno regional, de financiación económica». Tras recibir el ayuntamiento un escrito informando sobre la ruptura de ese convenio, tal y como ha señalado el alcalde, el consistorio miguelturreño debe hacer frente a esa financiación al no percibir la subvención de 45.000 euros que hasta ahora se había realizado. Una situación que, según el alcalde «nos llevará a los tribunales puesto que hemos pedido explicaciones y hemos obtenido la callada por respuesta».
Además, Román Rivero se ha referido a la convocatoria de Talleres de Empleo que el Gobierno regional lanza para todos los ayuntamientos. Miguelturra, «cumpliendo con todos los plazos y condiciones, presentó su solicitud -asegura el alcalde- pero los talleres han sido adjudicados a pueblos con alcalde del Partido Popular, excepto dos municipios que tienen alcalde socialista». El edil ha destacado también que «siendo Miguelturra el mayor municipio del Campo de Calatrava, le han denegado la solicitud y se han concedido los talleres a Carrión, Bolaños y Calzada, del PP». Román Rivero ha pedido que «que se actúe con transparencia puesto que manejan dinero público y pedimos explicación de los criterios que se han seguido para adjudicar esos talleres». Al no obtener respuesta, el ayuntamiento de Miguelturra ha anunciado que pondrá un contencioso administrativo contra esta resolución «que entendemos es injusta y nos perjudica».
Por último, el alcalde ha informado sobre una tercera «discriminación a la que Miguelturra está sometida» en cuanto a las subvenciones del gobierno regional. Se trata del Convenio de mantenimiento de los Centros de la Mujer de Castilla- La Mancha. Rivero ha relatado que, tras cumplir con todos los requisitos y las bases específicas de la convocatoria, Miguelturra presentó un proyecto conjuntamente con Pozuelo de Calatrava. «Teniendo en cuenta que, en la convocatoria, primaba el número de habitantes y la valoración del proyecto, no se entiende que reuniendo un total de 18.000 habitantes entre ambas localidades, se nos hayan concedido 82.000 euros para tres trabajadores del Centro de la Mujer y a Campo de Criptana, que no llega a 16.000 habitantes y con un proyecto valorado en 22 puntos menos que Miguelturra le hayan concedido una subvención de 107.000 euros para cuatro trabajadores».
«Tenemos mejor proyecto, más habitantes a los que atender», argumentaba. Román Rivero ha anunciado que, tras solicitar explicaciones sobre porque se han saltado sus propios criterios de baremación, se han presentado recursos «y si no nos responden iremos a los tribunales porque entendemos que se están dañando los intereses de los ciudadanos».
El Pleno
Por otro lado, el alcalde de Miguelturra, acompañado por la concejala de Igualdad y Bienestar Social, Victoria Sobrino, han presentado un balance de los diferentes puntos tratados en la última sesión ordinaria del Pleno, celebrada el pasado jueves, día 27 de junio y que supone el último Pleno ordinario antes del iniciar el periodo vacacional de verano.
Entre los diferentes puntos que se trataron en la sesión, Román Rivero ha destacado la falta de consenso entre los tres grupos políticos en cuanto a la ordenanza de saneamiento para la autorización de vertidos de residuos al río Bañuelos, que se está tramitando con la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Una ordenanza que según el alcalde «es una exigencia, dentro del trámite de la autorización de los vertidos».
Rivero ha recordado que «esta ordenanza fue aprobada inicialmente por los tres grupos políticos de la corporación; se sometió a información pública y en este pleno se incluía en el orden del día para ser aprobada definitivamente». El alcalde ha explicado que durante el periodo de exposición pública ha habido dos vecinos del anejo de Peralvillo que «han venido reclamando sistemáticamente el traslado de la depuradora hacia otro lugar diferente al que ha estado siempre». «Esta reclamación –continua Rivero- ha sido remitida por el ayuntamiento a través de sus servicios jurídicos así como de los servicios técnicos para validar el informe de la viabilidad de la reclamación».
«Tanto la parte especializada en instalación de depuradoras como la parte técnica y jurídica del ayuntamiento coinciden en que la enmienda que proponen estos vecinos supondría un perjuicio económico para el resto de los vecinos de Peralvillo, con una elevación de costes que tendrían que financiar los vecinos por la utilización de depuración de aguas», dice el alcalde.
«Inexplicablemente, tanto PP como IU, aun estando de acuerdo en la aprobación de la ordenanza en el anterior pleno, han votado en contra desoyendo los informes negativos a esta modificación» ha señalado Rivero, quien insiste en que «se trata de aprobar una ordenanza que sirva para continuar con el trámite de la autorización de vertidos por parte de la Confederación Hidrográfica del guadiana».
Con el voto en contra de Partido Popular e Izquierda unida se retrasa el trámite de aprobación de vertidos al río, lo que para el alcalde de Miguelturra supone «un acto de irresponsabilidad por parte de los dos partidos puesto que nuestra responsabilidad es continuar con la tramitación y no frenarla sin presentar alternativas, lo que hace un flaco favor al municipio y en concreto a los habitantes de Peralvillo».
Sin embargo, uno de los puntos en los que sí hubo consenso por unanimidad entre los tres grupos políticos fue la aprobación de un reglamento para la creación de un Consejo Local Agrario que ya estaba constituido hace tiempo «pero con unas ordenanzas y reglamentación bastante obsoletas, motivo por el cual se ha presentado un reglamento mucho más ágil y similar al reglamento que se ha aprobado para poner en funcionamiento la Mesa por el Empleo», ha indicado Román Rivero.
