Antonio Salinas Hernández, Diputado regional PSOE Castilla-la Mancha.- Las ayudas de la PAC han constituido un instrumento básico para el mantenimiento de las rentas del sector agrario, así como para la modernización de las estructuras productivas de nuestro sector a través de los programas cofinanciados.
Ahora nos encontramos ante un nuevo acuerdo para la reforma de la PAC para el periodo 2014-2020, acuerdo que se alcanzó en Bruselas en los últimos días del pasado mes de junio y que contempla un presupuesto agrario para el conjunto de la Unión Europea que pasa de 420.682 millones de euros para el periodo pasado (2007-2013) a un presupuesto de 373.179 millones de para el periodo próximo, con dos hechos que son muy preocupantes para el sector agrario. El primero, la disminución del presupuesto agrícola en más de un 12%, y, segundo, la disminución de los fondos para el desarrollo rural.
Como se observa, dos líneas que inciden directamente en las rentas agrarias y el desarrollo rural, un hecho que ocurre por primera vez en el seno de la Unión Europea, donde el próximo presupuesto para el sector agrario es inferior al presupuesto precedente, algo que también nos lleva a formularnos una pregunta ante el ministro Miguel Arias Cañete, principal vendedor de este acuerdo: Si el presupuesto se ve recortado como así es, ¿cómo es que España sale ganando? ¿Qué país o países salen perdiendo en beneficio de España?
La falta de claridad en este sentido se pone de manifiesto por dos hechos: de una parte la rapidez por parte del Gobierno y sus acólitos para vender y difundir en positivo un acuerdo que tiene por el momento muchos puntos oscuros, y, de otra parte, este acuerdo pone de manifiesto la falta de firmeza por parte del Ministerio de Agricultura en la defensa de los intereses del sector agrario, donde el presupuesto comunitario en regiones como Castilla-La Mancha tiene una incidencia de más del 30% en la renta agraria, y cuando todavía no se ha informado al Parlamento Nacional, no se ha celebrado la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas y las reacciones de todos las organizaciones representativas del sector no son positivas precisamente, donde las más benévolas califican esta reforma como un “mal menor”, pero un mal al fin y al cabo.
Sería conveniente mayor grado de prudencia y precaución en lugar de lanzar las campanas al vuelo manifestando que este acuerdo es bueno, pues quedan flecos muy importantes que resolver, porque estamos ante un nuevo avance en la renacionalización de la PAC y con este acuerdo los agricultores y ganaderos pueden perder hasta un 30% de las ayudas en el futuro, cuando no se ha iniciado la ronda de las negociaciones con la comunidades autónomas prevista para el 24 de julio en Conferencia Sectorial para conocer las medidas y su incidencia en los territorios, cuando no está definido el agricultor activo destinatario preferente de las ayudas, cuando quedan por definir el techo máximo de ayuda por explotación, articular las ayudas para los agricultores jóvenes, la cofinanciación de las ayudas para el desarrollo y modernización de las infraestructuras agrarias, cómo incide el recorte presupuestario en la agricultura española, cómo se definen los territorios homogéneos, etc., etc.
Particularmente preocupante para Castilla-La Mancha es la posible pérdida de las ayudas que actualmente percibe el viñedo, más de 140 millones de euros por año en ayudas directas a los viticultores que según las últimas noticias desaparecerían de la ficha del viñedo. Esta noticia es mala para el sector vitivinícola regional, pues costó mucho que por primera vez en la historia de la Unión Europea los viticultores percibieran ayudas directas al igual que ocurre con otros subsectores productivos.
Si este hecho lo sumamos con las noticias que recibimos sobre el mercado del vino a la baja, los movimientos de China con respecto al mercado del vino y la solicitud de modificación a la Comisión de la reglamentación en la Unión Europea en materia de alcohol de uso de boca y la elaboración de brandy, nos encontramos ante un mal panorama para el sector vitivinícola y con un Gobierno Regional que no dice ni pío, o más bien permanece impasible ante estos hechos.
Estos son hechos y aspectos muy preocupantes si tenemos en cuenta que el sector vitivinícola se ha mostrado durante los últimos años como uno de los sectores más dinámicos de nuestra industria agroalimentaria, hecho que quedó refrendado totalmente en la última edición de FENAVIN.
Así que como conclusión, menos lanzar las campanas al vuelo con una reforma de la PAC que contiene grandes incertidumbres y más ponerse al lado con medidas y presupuesto para el desarrollo de un sector agrario y una industria agroalimentaria que, como ha demostrado, es fundamental para la economía regional.
