El PSOE ha denunciado el “limbo legal” en el que están inmersas todas aquellas personas desempleadas que a lo largo de los dos últimos meses se les ha suspendido el cobro de sus prestaciones tras abrirles un expediente sancionador.
Como consecuencia de ese vacío legal, los desempleados de la provincia de Ciudad Real y del resto de Castilla-La Mancha no solo ocurre que no pueden cobrar las prestaciones a las que tienen derecho, sino que además no se les impone una sanción para que a partir del cumplimiento de la misma puedan seguir cobrando la prestación, tal y como marca la normativa al respecto.
Para poder solucionar esta incidencia, el integrante de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Ciudad Real, Eduardo del Valle, ha informado que los socialistas han habilitado en la página web www.psoecr.com las instrucciones y el formulario con los pasos que deben dar los desempleados para poder reanudar sus prestaciones.
Con este gesto, Del Valle ha dicho que el PSOE lo que pretende es que los parados no tengan que verse abocados a permanecer varios meses sin cobrar dichas prestaciones por desempleo, “sobre todo en las condiciones económicas en las que estamos y en las que muchas familias dependen del cobro de esta prestación para llevar a cabo su vida diaria”.
En un primer recuento, y pese a no contar aún con la respuesta oficial a la petición realizada por los socialistas a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, Del Valle ha cifrado en 1.500 los desempleados afectados por expedientes sancionadores a nivel regional, y de ellos, una horquilla de entre 200 y 500 que pudieran ser de la provincia de Ciudad Real.
Del Valle ha recriminado a las administraciones central y regional, al entender que pese a que hablamos de personas que atraviesan por una situación delicada en la mayoría de los casos, “ni siquiera les han comunicado que tienen derecho a pedir la reanudación del cobro de prestaciones”, algo que está haciendo ahora el PSOE para suplir lo que ha calificado como “absoluta desinformación por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) e incompetencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.
